En el marco de los debates sobre la cobertura médica y la sustentabilidad del sistema sanitario argentino, referentes del sector público, legislativo y de la seguridad social coincidieron en la urgencia de reestructurar el Programa Médico Obligatorio (PMO), frenar la judicialización desmedida y construir un marco regulatorio unificado y federal.
Durante la primera jornada del V Congreso de COSSPRA, la Mesa 1 sobre Cobertura de Salud, contó con la participación de Alejandro Amor, presidente de ObSBA, así como del médico especializado en medicina interna y salud pública Gastón Perman (responsable la integración sociosanitaria en el Hospital Italiano de Buenos Aires) y del diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes.
En primer lugar, Amor sostuvo que el sistema de salud argentino está “roto” y “quebrado”. Explicó que intentar resolver las dificultades de manera individual –obra social por obra social o prepaga por prepaga– conduce inevitablemente al cierre o quiebra de las entidades. A su vez, destacó que el sector representa alrededor del 10% del Producto Bruto Interno (PBI), por lo que exige un abordaje político integral, federal y unificado entre el sector público, la seguridad social y el sector privado.
Amor alertó además sobre la grave desestabilización que causan las medidas cautelares aceleradas. Mencionó el caso de la obra social de los trabajadores de prensa, donde un solo amparo representó cuatro veces su recaudación mensual. En el caso de la ObSBA, indicó que enfrentan un costo por amparos de entre $2.500 y $3.000 millones mensuales (cerca del 7% al 8% de sus ingresos), otorgándoles apenas 72 horas para concretar los pagos.
En ese sentido, informó que trabaja en un proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires para crear un Comité Científico (en consulta con la Academia Nacional de Medicina). Este órgano actuaría como instancia de consulta obligatoria para los jueces antes de fallar ante recursos de amparo, otorgando a las obras sociales un sustento técnico para sus apelaciones.
Amor denunció también la “hipocresía política” de abonar salarios mediante conceptos no remunerativos, los cuales representan entre un 30% y un 40% de los ingresos de los trabajadores y reducen drásticamente la recaudación real de las obras sociales. Criticó asimismo la sanción de leyes con ampliaciones prestacionales (como las cuotas de empleo para personas con discapacidad) que no contemplan las fuentes de financiamiento necesarias.
Finalmente, advirtió sobre el envejecimiento poblacional, lo que invertirá la ecuación financiera en los próximos 5 a 10 años al aumentar el número de adultos mayores con consumos de múltiples medicamentos crónicos. Asimismo, cuestionó la enorme concentración de recursos en la Ciudad de Buenos Aires (con unos 400 establecimientos sanitarios) frente al déficit de alta complejidad en regiones alejadas del interior del país.
A su turno, Perman abordó la actual canasta de servicios y beneficios (PMO) y expuso que la sobreacumulación de normas y la falta de reformas estructurales en los últimos 20 años han llevado al sistema sanitario al borde de un “iceberg” de colapso e inequidad entre el subsector público, las obras sociales y las prepagas.
El médico y profesor detalló además que en los últimos 5 años las causas judiciales en fueros competentes aumentaron entre un 24% y un 45%, llegando a representar más del 60% de la carga de trabajo en algunos juzgados. Citó estudios recientes que revelan que el 30% de los medicamentos judicializados ni siquiera contaban con la aprobación de ANMAT al momento de ser presentados ante la Justicia. Además, dijo que solo el 16% poseía evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC), siendo la mayoría de los dictámenes negativos de cobertura.
Perman presentó los resultados del Proyecto PAÍS (desarrollado junto con el Ministerio de Salud de la Nación, la SSSalud y el COFESA), enfocado en la implementación de Líneas de Cuidado integrales. Este modelo reemplaza la visión fragmentada por enfermedades por un esquema que abarca desde la prevención primaria y el control de factores de riesgo hasta el tratamiento continuo.
Propuso un modelo técnico transparente para definir la canasta de prestaciones priorizando criterios explícitos: alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Carga de Enfermedad (años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad), Severidad y Equidad territorial. Perman estableció como premisa indiscutible la exclusión automática de cualquier tecnología o fármaco no aprobado por la ANMAT.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de calcular el costo longitudinal completo de las líneas de cuidado (y no solo la droga individual). A través de este análisis, planteó estimar la brecha presupuestaria existente entre el nivel de cobertura actual y el costo real de universalizarla, permitiendo proyectar políticas de financiamiento sólidas con el Ministerio de Economía.
En último término, el diputado Yedlin advirtió sobre la marcada debilidad en la rectoría y la fragmentación del sistema sanitario. Por ello, propuso la creación de un nuevo Consejo Federal de Salud (COFESA) ampliado con capacidad vinculante, que integre formalmente a las obras sociales provinciales, al sector privado y a las Facultades de Ciencias de la Salud para recuperar la gobernanza nacional.
Yedlin remarcó que las enfermedades poco frecuentes y las terapias de innovación concentran proporciones desmedidas del gasto farmacológico. Asimismo, definió la necesidad urgente de establecer un seguro de segundo piso para medicamentos de muy alto precio (superiores a los 20.000 o 40.000 dólares anuales), delimitando con claridad las fuentes de financiamiento, y de sancionar por ley la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET) como organismo rector obligatorio.
El diputado impulsa un proyecto de ley para que el PMO deje de ser un piso mínimo anárquico y se convierta en el límite exigible de cobertura para todo el sistema de salud (incluyendo al sector público y a las obras sociales provinciales). Propuso redefinir esta canasta prestacional bajo el modelo de líneas de cuidado con fuerte énfasis en la atención primaria de la salud y la prevención.
A su vez, subrayó que resulta imposible sostener un seguro de alto precio o una agencia de evaluación sin una ANMAT fortalecida por ley. Alertó sobre la debilidad presupuestaria y de fiscalización del organismo regulador, proponiendo dotarlo de un marco legal sólido y mecanismos estrictos de trazabilidad de medicamentos. También advirtió sobre el desfinanciamiento de programas históricos de medicamentos esenciales como el Remediar, la pérdida de operatividad de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) y la necesidad imperiosa de revisar la distribución del gasto para garantizar salarios dignos al equipo de salud (médicos, enfermeros y residentes) frente al avance del costo de los insumos y la tecnología.
El cruce de visiones entre Amor, Perman y Yedlin evidencia un diagnóstico unánime: el sistema de salud argentino se encuentra quebrado y amenazado por una crisis de sustentabilidad financiera e inequidad territorial. Mientras Amor visibilizó el colapso operativo que genera la judicialización exprés y la falta de financiamiento en los salarios, Perman aportó la metodología técnica para reordenar la canasta de beneficios mediante líneas de cuidado con reglas estrictas de exclusión de fármacos no autorizados.
Por su parte, Yedlin completó el esquema desde la dimensión legislativa, señalando que la viabilidad del sistema requiere leyes estructurales que institucionalicen la evaluación de tecnologías, fortalezcan a la ANMAT, unifiquen el PMO a nivel nacional y creen un seguro para medicamentos de alto precio.
En conjunto, los tres referentes coincidieron en que la salida no provendrá de esfuerzos individuales ni de parches normativos aislados, sino de un gran acuerdo político, técnico y federal que priorice la evidencia científica, el costo longitudinal de las prestaciones y el derecho equitativo a la salud.
