Los amparos, las prestaciones de discapacidad, las prestaciones de alta complejidad y la innovación en medicamentos han complicado la sostenibilidad del sistema. Actualmente, la situación es más desafiante. Sabemos que el gasto en salud es creciente debido al envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y el aumento de la accesibilidad. Además, una disminución relativa de los ingresos, debido al estancamiento de los salarios y el aumento de conceptos “no remunerativos” en un contexto de alta inflación, ha agravado la situación.

Hace siete u ocho años, el gasto en medicamentos representaba un porcentaje menor al 20% en las obras sociales; hace un par de años, superaba el 30%, y hoy, varias obras sociales destinan hasta el 50% de sus ingresos a medicamentos.

La disminución relativa de los presupuestos y el aumento de los costos de los medicamentos han reducido los fondos destinados a otras áreas importantes como honorarios profesionales, prestaciones sanatoriales, odontológicas, bioquímicas, de salud mental, de diálisis, de discapacidad, de rehabilitación y de prevención. Esto ha generado una alta conflictividad con los prestadores, enfocando gran parte de la gestión en resolver estas tensiones en lugar de analizar y abordar las causas de fondo.

Es fundamental evitar la búsqueda de culpables y, en cambio, centrarnos en soluciones colaborativas. El problema es complejo y requiere un enfoque multicausal que contemple soluciones y responsabilidades compartidas. Debemos revisar y discutir la fuente de financiación de la atención médica. Es crucial garantizar que los aportes y contribuciones destinados a la salud no sean inferiores al 14% de todo el salario en todos sus conceptos. También es necesario debatir los límites de la cobertura obligatoria, lo cual podría implicar modificaciones legales.

Algunas preguntas que debemos abordar incluyen: ¿Es posible regular el ingreso de la innovación y asegurar su costo-efectividad? ¿Podemos regular el precio de los medicamentos antes de su aprobación y reducirlos significativamente tras la caída de la patente? ¿Deberían los médicos elegir la marca del medicamento que prescriben? ¿Deben los jueces fallar en amparos relacionados con la marca del medicamento? ¿Pueden los financiadores unirse para formar pools de compra o negociación de precios? Estas son algunas de las preguntas que deberíamos animarnos a responder, además de mejorar la eficiencia interna, la transparencia y la profesionalización de los cuerpos directivos y medios.

Hay tareas por delante para todos: gobiernos, financiadores, industria farmacéutica, profesionales, prestadores y la comunidad en general, que debe apropiarse del sistema de salud y su rediseño. Invitamos a todas las personas del sector de la salud a participar en este debate. Desde COSSPRA, sostenemos que el sistema debe ser solidario y universal, bajo nuestro lema “Federalismo y Consenso” como marco.