Daniel Maceira presentó los avances del estudio elaborado entre UDeSA y la red federal de obras sociales. El relevamiento expone una brecha de financiamiento superior a 6 a 1 entre provincias, la fuerte incidencia de los medicamentos en el presupuesto total, la baja adopción de la historia clínica unificada y distorsiones en el cobro de copagos, trazando una hoja de ruta para la sostenibilidad y gestión de las obras sociales provinciales.
En su segunda participación durante la jornada de cierre del V Congreso de COSSPRA y en el marco de la alianza entre el MBA en Salud de la Universidad de San Andrés (UDeSA) y COSSPRA, el economista especializado en economía de la salud Daniel Maceira presentó los avances del Observatorio de la Seguridad Social Provincial.
Esta iniciativa busca ampliar el conocimiento sobre las Obras Sociales Provinciales (OSP) –las cuales representan el 17% de la cobertura del país– analizando su financiamiento, regulación, estructuras de gasto, mecanismos de contratación e incorporación de tecnología. La investigación se sustentó en un relevamiento aplicado a 22 de las 24 jurisdicciones, bajo el paradigma analítico de “Estructura, Conducta y Desempeño”.
Maceira explicó que el análisis de los ingresos por beneficiario reveló una inequidad severa entre las OSP, registrándose una brecha superior a 6 a 1 entre la provincia con mayor financiamiento disponible por persona y la de menor presupuesto. Asimismo, se identificó una zona de riesgo demográfico para un conjunto relevante de OSP que presentan una proporción de población mayor de 65 años por encima del promedio y una base de menores de 15 años por debajo de la media, tensionando la sostenibilidad de sus esquemas contributivos.
En tanto, un 70% de las OSP realiza seguimiento de patologías como diabetes y procesos oncológicos, mientras que menos del 40% mantiene programas específicos de control para la hipertensión arterial.
Modelo prestacional, tercerización y tecnología
Como respuesta a la histórica volatilidad macroeconómica del país, las OSP exhiben una baja integración vertical (solo el 25% cuenta con establecimientos con internación propia, el 50% con farmacias propias y el 55% con consultorios propios). En cambio, el 85% sostiene convenios activos con la red de hospitales públicos.
Asimismo, mientras que el 90% de las OSP implementó la receta electrónica, Maceira advirtió sobre la necesidad de evitar que este formato restrinja la prescripción por genéricos o condicione el gasto farmacéutico. Por su parte, la historia clínica unificada alcanza solo a un 15% de las entidades.
A su vez, un 40% de las OSP refiere contar con comités provinciales de evaluación de tecnología sanitaria (HTA). Al respecto, el expositor señaló que la ausencia de una Agencia Nacional de HTA puede incentivar un “shopping”de la industria farmacéutica entre jurisdicciones.
Maceira también abordó la paradoja de los copagos y la estructura del gasto. El 81% de las OSP aplica cobro de copagos. Sin embargo, se detectó una distorsión conceptual: existen más OSP que cobran copagos para consultas con médicos generalistas (17 de 18) que para especialistas (16 de 18), un esquema que desincentiva el modelo de atención primaria. Y en la estructura de costos de las OSP, el gasto en medicamentos absorbe en promedio el 36% del presupuesto total –superando al gasto en internación y atención ambulatoria–, ubicándose por debajo del 30% únicamente en tres jurisdicciones.
Finalmente, en relación con los desafíos estratégicos y la integración provincial, el profesor universitario destacó la necesidad de homogeneizar los criterios de costeo y auditoría entre las provincias, así como la importancia de generar capacidades de gestión para consolidar a las OSP como el motor financiero y organizativo de futuros Seguros Provinciales de Salud, articulados estrechamente con los Ministerios de Salud de cada jurisdicción.
