María Cristina Ferrari, Marisa Aizenberg y Manuel Quintar analizaron los desafíos de la regulación sanitaria en Argentina. Desde el paradigma de la experiencia del paciente y la humanización de los cuidados, pasando por la necesidad de superar “leyes escenográficas” mediante evaluación de impacto, hasta las iniciativas legislativas para desregular el sector, fortalecer a los efectores prestadores y frenar la judicialización, se trazaron las claves para equilibrar el reconocimiento de derechos con la viabilidad financiera.
La tercera y última mesa de diálogo del V Congreso de COSSPRA estuvo dedicada a “Legislación y derechos”. Los participantes fueron María Cristina Ferrari, especialista en Gestión Estratégica de Calidad y Seguridad de las personas para las Organizaciones de Salud; la abogada Marisa Aizenberg, directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho (UBA), y Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Salud de Diputados.
La apertura del panel –coordinado por David Aruachan– estuvo a cargo de Ferrari, fundadora y presidenta de la Fundación ICEM (Innovación y Calidad Estratégica en el Management), y directora del I Diplomado Internacional Experiencia del Paciente. Ferrari, que es también impulsora del modelo afectivo – efectivo, analizó el ejercicio efectivo de los derechos en el sistema sanitario. A través de cuatro verbos estratégicos (medir, escuchar, educar y reconocer), expuso los problemas de la atención fragmentada y planteó un modelo basado en la afectividad, la efectividad y la participación activa del paciente.
La voz del paciente como indicador de calidad
Ferrari planteó un interrogante central: si los derechos formalmente reconocidos a la participación del paciente son verdaderamente conocidos y aplicados en la práctica cotidiana. Para abordar este desafío, estructuró la gestión sanitaria en torno a cuatro verbos clave:
- Medir: Evaluar el grado de conocimiento y aplicación efectiva de los derechos legales por parte de los usuarios del sistema.
- Escuchar: Incorporar de manera sistemática la “voz del paciente” para comprender las vivencias reales durante su trayectoria asistencial.
- Educar: Formar al paciente sobre el manejo de su salud, especialmente en enfermedades crónicas, dado que un paciente educado logra una mayor adherencia al tratamiento.
- Reconocer: Diagnosticar la situación de partida para identificar dónde se encuentra parado el sistema de salud.
A partir de relevamientos sobre la experiencia del paciente realizados entre 2022 y 2026 en hospitales de alta complejidad, centros de segundo nivel, clínicas privadas, obras sociales y consultorios, Ferrari contó que se identificaron deficiencias recurrentes en el itinerario asistencial. En primer lugar, los relatos muestran recorridos dispersos con múltiples consultas, derivaciones y barreras antes de obtener una respuesta médica concreta. En segundo término, los usuarios expresaron que en cada área o sector de una misma institución son tratados como un “paciente nuevo”, teniendo que volver a relatar todo su historial clínico desde el principio.
En tercer lugar, señaló cómo los problemas de comunicación, los extensos tiempos de espera y la falta de acompañamiento producen frustración, desorientación e incluso el abandono de la atención médica. Finalmente, se detectó que muchos pacientes quedan condicionados por vivencias traumáticas sufridas por sus familiares o cuidadores. Asimismo, se destacaron barreras severas en la transición de la atención de pacientes pediátricos a adultos en patologías complejas como la hemofilia.
Para revertir la fragmentación, Ferrari propuso evolucionar hacia un modelo integral, coordinado, accesible y centrado en la persona:
- Desarrollo de competencias directivas: Advirtió sobre la falta de competencias comunicacionales en los niveles directivos y mandos medios de las organizaciones, señalando su formación como una prioridad urgente.
- Atención interdisciplinaria e instrucciones claras: Fomentar equipos multidisciplinarios desde el primer contacto y entregar indicaciones escritas comprensibles y previamente validadas con los propios pacientes.
- Comités de experiencia del paciente: Institucionalizar comités estructurados con protocolos y metodologías sistemáticas, destacando el proyecto piloto que se pondrá en marcha en el área de oncología junto al Dr. Gustavo Jankilevich (Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Durand).
- “Nada sobre mí sin mí”: Resaltó esta consigna de los colectivos de pacientes para exigir espacios formales de participación, fundamentando que la voz del paciente debe ser considerada un indicador clave de calidad.
“La calidad técnica genera confianza. La calidad humana transforma esa atención en una buena experiencia”, concluyó Ferrari.
Arquitectura jurídica, “leyes escenográficas” y gobernanza
A su turno, la abogada Aizenberg presentó un profundo análisis sobre la sostenibilidad jurídica, la gobernanza del sistema de salud y la necesidad de transformar la técnica legislativa y la gestión de la judicialización en Argentina. La directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires destacó que Argentina posee una amplia tradición legislativa en salud, pero enfrenta una grave falta de gobernanza en la arquitectura jurídica de las decisiones sanitarias.
Advirtió que existen entre 110 y 120 leyes especiales de cobertura en el país, pero menos de la mitad especifican cuál es su fuente de financiamiento real. Además, cuestionó la idea de que todo problema sanitario se resuelve sancionando una nueva ley, señalando que muchas normas responden a demandas legítimas pero se convierten en obligaciones jurídicas sin condiciones de implementación.
En ese sentido, propuso que toda iniciativa legislativa que incorpore nuevas prestaciones o tecnologías debe acompañarse de una evaluación previa de impacto sanitario, tecnológico, jurídico, económico e interjurisdiccional. Asimismo, defendió la necesidad de crear leyes dinámicas que incluyan mecanismos de seguimiento y revisión periódica para verificar si cumplieron su objetivo y ajustarse a la evolución de la evidencia científica y la tecnología. “¿Saben qué tenemos? Leyes escenográficas, tenemos leyes para el aplauso. Cuestiono la técnica legislativa mediante la cual convertimos una demanda sanitaria en una obligación jurídicamente exigible sin prever los recursos”, sentenció.
Además de reclamar que las Obras Sociales Provinciales (OSP) tengan una silla permanente de debate tanto en el Consejo Federal de Salud (COFESA) como en el Consejo Federal de Legislaturas de Salud (COFLESA), Aizenberg aclaró que las OSP no son una mera extensión administrativa del régimen nacional, sino entidades con legislación y esquemas de financiamiento propios que deben respetarse y cuidar.
En tanto, planteó que el federalismo debe ser una “capacidad colectiva de construcción de soluciones” a través de una convergencia regulatoria progresiva (evaluación conjunta de tecnologías, procedimientos de cobertura compartidos y acuerdos de compras centralizadas).
También propuso una redefinición de la judicialización: pasar de la queja a la inteligencia de gestión. Aizenberg argumentó que los amparos judiciales no deben atribuirse únicamente a los jueces o a la litigiosidad externa, sino que frecuentemente revelan fallas en los procedimientos internos, silencio administrativo o ambigüedades en las propias obras sociales. Así, exhortó a construir un vínculo institucional entre las OSP y el Poder Judicial basado en evidencia científica y protocolos transparentes para resolver las causas estructurales antes de que deriven en litigios.
“Salgan de la queja y conviertan la información de los conflictos en inteligencia para la gestión”, dijo, y sumó: “Innovar no significa solo incorporar medicamentos o nuevas tecnologías. También significa revisar cómo organizamos nuestras instituciones hacia adentro, cómo construimos acuerdos y cómo tomamos decisiones”.
Desregulación, sostenibilidad del sector privado y control de la judicialización
Durante su exposición, el diputado Quintar aportó la mirada del Poder Legislativo y del oficialismo nacional, cuestionando la acumulación de burocracia normativa e impulsando una agenda orientada a la desregulación, la solvencia de los efectores sanitarios y la libertad de elección.
Quintar coincidió en que los problemas de la salud no se resuelven multiplicando leyes ni añadiendo más trabas burocráticas, al tiempo que cuestionó la práctica histórica de sancionar normas “tribuneras” o populistas que imponen obligaciones asistenciales sin definir su fuente de financiamiento. Asimismo, reivindicó el rol clave de las clínicas, sanatorios, laboratorios y centros diagnósticos privados como el pilar operativo del sistema, y detalló que el sector privado genera 1,5 millones de puestos de trabajo (directos e indirectos, nueve veces más que la minería), absorbe entre el 65% y 70% de la demanda prestacional y dispone de más del 56% de las camas de internación del país, demostrando, según dijo, alta eficiencia en patología resuelta.
El diputado también mencionó iniciativas legislativas en agenda:
- Sinceramiento del sector prestador privado: Presentación de un proyecto para la salida de la emergencia sanitaria que contempla una moratoria fiscal de hasta 180 cuotas, compensación de deudas históricas del PAMI, deducción del IVA en la compra de equipamiento médico, esquema de pronto pago y aplicación del silencio administrativo en sentido positivo.
- Freno a la “extorsión judicial”: Impulso a una reforma para exigir que, ante la presentación de amparos, los jueces celebren audiencias previas con el paciente y convoquen al Cuerpo Médico Forense (hasta tanto funcione la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas – AGNET) a fin de dictaminar la validez científica del pedido antes de ordenar medidas cautelares que desfinancien el sistema. “Tampoco podemos permitir que un juez desde un escritorio en la comodidad de su hogar desfinancie el sistema y rompa todo el sistema por hacer justicia sanitaria distributiva”, sentenció Quintar.
- Libre elección de Obra Social Provincial (caso Jujuy): Presentación de un proyecto de ley en Jujuy para permitir la libre elección de obra social a los empleados públicos provinciales (mediante adhesión al régimen de las leyes 23.660 y 23.661), buscando terminar con la “cautividad” y el uso de las OSP como “caja política”.
- Proyectos en carpeta: Mencionó reformas a la Ley de Salud Mental, ley de residencias médicas, hospitales públicos con gestión privada, ley del arte de curar, trasplantes y actualización del PMO.
“La mejor forma de dar salud es teniendo un sistema financiero robusto, teniendo efectores privados y públicos solventes, no asfixiándolos, dándole libertad de trabajo y no metiendo más leyes con calzador o haciendo la fácil de presentar proyectos sin fuente de financiamiento”, concluyó el diputado.
