Carlos Funes y Mario Lugones coincidieron en la urgencia de reordenar el sistema de salud, definir un paquete garantizado de prestaciones y eliminar ineficiencias, consolidando una mesa de trabajo conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación y las obras sociales provinciales.
El V Congreso de COSSPRA concluyó tras dos jornadas de trabajo con un firme llamado a la acción por parte de Carlos Funes, presidente de la organización y Director General de OSEP Mendoza, quien encabezó el acto de cierre acompañado por el ministro de Salud de la Nación, doctor Mario Lugones.
Ante la presencia de los 23 presidentes de las obras sociales provinciales del país, Funes destacó la necesidad de consolidar una agenda de trabajo conjunta que permita transformar los diagnósticos en respuestas concretas para el sistema de salud.
Durante su discurso, Funes detalló la realidad económica que atraviesa el sector y precisó que las obras sociales provinciales administran actualmente un ingreso promedio per cápita de 110.000 pesos mensuales. En ese contexto, ofreció aclaraciones sobre la gestión institucional:
- Transparencia de los fondos: Aclaró que las obras sociales provinciales no funcionan como “cajas políticas” y que las contribuciones y aportes son transferidos formalmente por las provincias a través de fondos de rentas generales.
- Reorganización del sistema: Señaló que existen discusiones sobre repensar el modelo sanitario (mencionando los casos de Río Negro y Jujuy) y reconoció que, más allá de los esfuerzos de gestión, el sistema enfrenta ineficiencias estructurales y recursos insuficientes ante la demanda.
Funes remarcó además la evolución del Congreso a lo largo de sus cinco ediciones, subrayando que en esta oportunidad los asistentes llegaron con la premisa de avanzar hacia un camino de soluciones. Para estructurar este trabajo, propuso:
- Liderazgo rector y mesa federal: Conformar una mesa de trabajo liderada por el COFESA (Consejo Federal de Salud) e integrar a otros actores clave del sector.
- Paquete de medidas de cobertura: Definir un conjunto claro de medidas y prestaciones garantizadas para que cualquier ciudadano en el país sepa con certeza cuál es la cobertura que le corresponde recibir.
- Asignación de responsabilidades y recursos: Determinar explícitamente los responsables de la ejecución de dicho paquete y establecer los recursos financieros necesarios.
- Judicialización e innovación: Establecer criterios y reglas transparentes para respaldar la toma de decisiones ante reclamos judiciales y definir pautas para la incorporación de la innovación en salud.
Hacia el cierre de su exposición, Funes asumió en nombre de COSSPRA el compromiso de marcar esta agenda de trabajo en la última reunión del Consejo del año para proyectar las acciones del próximo ejercicio. Asimismo, puso a disposición la capacidad de convocatoria del Consejo para trabajar codo a codo con el Ministerio de Salud, enfatizando que el objetivo principal es evitar que el encuentro quede solo como “una expresión o una catarsis de dos días” sin avances operativos.
“El problema nunca fue cuánto se gasta, sino cómo se gasta”
A su turno, el ministro Lugones enfatizó que la política sanitaria nacional se basa en el estricto cumplimiento de la división de atribuciones marcada por la Constitución, y señaló que la atención primaria, los hospitales y la gestión directa de la salud corresponden a las provincias. A su vez, definió el rol de la Nación como articulador enfocado en fijar lineamientos, coordinar programas, garantizar las vacunas de calendario y financiar los medicamentos oncológicos y de alto costo.
“La indicación que me dieron fue respetar la Constitución Nacional. La salud en la Argentina es una responsabilidad primaria de las provincias. Son las provincias las que conducen sus hospitales. El rol de la Nación es otro: coordinar, fijar lineamientos, sostener los programas nacionales y organizar el acceso a vacunas de calendario y medicamentos de alto costo”, sostuvo.
El ministro sostuvo que la principal problemática del sistema de salud no es la falta de presupuesto, sino la mala asignación de los recursos y la presencia de intermediaciones innecesarias. Cuestionó la superposición de funciones entre organismos públicos y destacó la eliminación de la triangulación de fondos entre obras sociales y prepaga: “Dije desde la primera semana que la plata estaba dentro del sistema, que había que buscarla porque estaba ahí y estaba mal utilizada. El problema nunca fue solamente cuánto se gasta, sino cómo se gasta, cuánto de ese gasto termina siendo de verdad una prestación concreta para alguien que la necesita”.
Lugones repasó medidas orientadas a desburocratizar el ejercicio profesional y transparente los costos de los insumos:
- Matrícula profesional: Defendió la eliminación del cobro y renovación quinquenal de la matrícula médica nacional.
- Transparencia en farmacias: Mencionó la implementación de códigos QR en farmacias para permitir la libre elección de medicamentos según precio, señalando las trabas judiciales impuestas por entidades farmacéuticas.
“Los profesionales de la salud no deben pagar en ningún lado para poder trabajar. Es inmoral cobrar para eso. Nadie debería pagar para trabajar. Terminar con la matrícula paga es plata que vuelve directamente al bolsillo de cada profesional”, afirmó Lugones.
Asimismo, aclaró el futuro del programa Remediar, precisando que no se cierra sino que se integra como pilar del nuevo Plan Nacional de Salud Vascular para atacar la principal causa de mortalidad en el país. Detalló que la Nación concentrará las compras en medicamentos para riesgo cardiovascular y tratamientos de alto costo/oncológicos (con una inversión estimada de más de 450.000 millones de pesos), solicitando que las provincias asuman la provisión de medicamentos básicos en atención primaria con criterio de trazabilidad.
“El Remediar no se cierra, el Remediar se reformula. Pasa a ser un brazo clave del Plan Nacional de Salud Vascular en el primer nivel de atención donde puede actuar antes de que el daño ocurra”, dijo. Y añadió: “No es que dejamos de atender los medicamentos, estamos cambiando qué tipo de medicamentos estamos entregando”.
En el cierre de su intervención, Lugones valoró la representación de las 24 jurisdicciones y el rol estratégico de las obras sociales provinciales como ejecutores de políticas de prevención e información territorial.
“Reordenar un sistema que funcionó mal durante demasiados años lleva tiempo, pero el rumbo está trazado. Hay provincias que conducen la atención cerca de su gente, una Nación que ejerce rectoría, garantiza lo que cuesta más y mide resultados, y un sistema donde cada peso se convierte en una prestación de calidad”, finalizó.
