Un modelo sanitario, nuestro gran desafío

La problemática del sistema de salud no ha sido un objetivo prioritario de la agenda de política pública en Argentina. Un primer análisis de sus características: entre la solidaridad del modelo y la inequidad en el acceso. 

*Por el Dr. Rubén Torres, Presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales y  presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud -IPEGSA- 

En comparación con la mayoría de los sistemas de salud de la región de las Américas, el argentino constituye un ejemplo de accesibilidad, gratuidad y cobertura, sin embargo sus características de segmentación y fragmentación lo transforman en un paradigma de inequidad. Por ello, se requiere debatir el modelo de atención y los mecanismos de protección financiera ofrecidos a los ciudadanos frente a la enfermedad, y la prevención de la salud. Sin embargo, la problemática del sistema de salud no ha sido un objetivo prioritario de la agenda de política pública en Argentina. 

Los desafíos de los sistemas de salud en la actualidad están signados por la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que incrementan sus exigencias: atención de enfermedades crónicas, que reclaman una estrategia orientada a mejorar hábitos de consumo y reducción del sedentarismo, y llevan a un aumento en los costos de operación del sistema, asociados a la tecnología y medicamentos utilizados, como a la mayor demanda de cuidados de una población con perfiles demográficos y epidemiológicos más avanzados. La promoción de políticas preventivas aumenta la calidad de vida, pero no es un mecanismo viable para bajar los gastos en salud en el largo plazo, sino por el contrario en la medida que se incrementa la calidad y la extensión de la vida de la población; por ello su implementación debe combinarse con medidas que garanticen una gestión de calidad.

Del mismo modo, la ampliación de derechos vinculados al acceso a la salud tiene su correlato en un compromiso institucional por garantizar espacios de cobertura que no se encontraban formalmente incorporados. Si bien esto empodera a la población, también implica desafíos al momento de asignar los recursos sociales de un modo más eficaz, y no existe sistema sanitario que se encuentre plenamente preparado para abordar globalmente esta problemática. 

El acceso universal, promovido desde foros globales y multilaterales desde hace más de una década muestra el desafío de repensar el sistema sanitario no solamente en Argentina, y brinda un marco para analizar otras experiencias y enseñanzas en el diseño de un modelo de cobertura universal en salud. Cómo implementar esta cobertura debe ser resultado de un debate de la sociedad, para establecer objetivos estratégicos y metas de mediano plazo, y tiene ineludibles aspectos culturales y de prioridad de los valores de cada sociedad. Por ello, resulta inaplicable la posibilidad de trasladar un modelo exitoso en una sociedad, a otra. Los indicadores para evaluar el grado de éxito del sistema de salud de un país son la esperanza de vida de la población, la mortalidad infantil, y la materna. Que entre los mejor posicionados se encuentren Chile y Cuba resulta un ejemplo interesante de aquella afirmación, porque representan dos modelos de sociedad absolutamente opuestos: Chile es probablemente el país de la región donde más consolidada está la economía de mercado, y es también uno de los más libres y democráticos. Por el contrario, Cuba tiene un régimen de planificación estatal centralizada sin resquicios para la iniciativa privada, y es un país sin libertad ni democracia.

En nuestro caso, si bien el país ha avanzado en reducir sus indicadores de morbimortalidad, ha aumentado su esperanza de vida y cuenta con uno de los gastos en salud per cápita más elevados de la región -y también de las naciones de ingresos similares-, las brechas entre grupos sociales constituyen aún una deuda social. El desempeño sectorial se halla por debajo de las expectativas, y corregirlo exige incorporar en la agenda de política pública el tema del financiamiento y el modelo de atención de la salud. El sector debería mantener la solidaridad del modelo actual, pero con una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Ello exige, por ejemplo, contar con instituciones de la seguridad social, con una cantidad de afiliados suficiente para que sea viable, para perfeccionar indicadores de desempeño y reducir dificultades en los mecanismos de acceso, compras de medicamentos e insumos y contratación de prestadores. 

La estructura de descentralización del subsistema público nacional consagrada por nuestra Constitución, no cuenta con paralelos en otros modelos sanitarios de Latinoamérica, incluso aquellos con estructuras federales de gobierno.

Además, las garantías de derechos que integran el PMO, y deben ser respetados por los seguros sociales en Argentina es extremadamente amplio y se encuentra pobremente reglamentado para su aplicación, excluyendo intervenciones necesarias e incluyendo otras que no son prioritarias. Se requeriría de una autoridad de evaluación que se expida sobre la efectividad de nuevas tecnologías y medicamentos, otorgando criterios técnicamente sólidos para su incorporación al grupo de garantías explícitas a ser cubiertas tanto en el subsistema de obras sociales como en el público, brindando pautas comunes para orientar no sólo el gasto y la evaluación y el uso de medicamentos y tecnologías, sino también para promover normas que impulsen cambios en el comportamiento en la prescripción y consumo de bienes y servicios de salud.

Una asignatura pendiente en cualquier esquema de cambio sectorial es la definición del rol del PAMI, que constituye la primera fuente de recursos del sistema, de la cual dependen la mayoría de los prestadores públicos y privados del país. Su poder de incidencia puede influir en la dirección a ser tomada por la organización del sistema de salud en su conjunto. 

El protagonismo del sector privado en el modelo argentino, fundamentalmente en la prestación de servicios de salud a obras sociales y prepagas es particularmente importante, y cualquier diseño a futuro debe contemplar su participación, estableciendo un marco regulatorio que brinde señales claras para facilitar la inversión en tecnología y equipamiento, y generando espacios de colaboración interinstitucional.

La convergencia hacia un modelo más equitativo y eficaz en la asignación de recursos en nuestro país implica un esfuerzo de coordinación mayor que en nuestros pares regionales, y a diferencia de la mayoría de ellos, se parte de un piso de recursos y garantías no equiparable, que supera en algunos casos las pautas establecidas en naciones desarrolladas.