Por Daniel Maceira, PhD (*)
El contexto macroeconómico y la coyuntura del sistema de salud nos llaman a rediscutir la organización del modelo sanitario argentino.
Algunas señales desde el gobierno nacional impulsan a pensar que las soluciones provinciales en este particular contexto federal y descentralizado en financiamiento ameritan -cada vez más- soluciones provinciales que converjan a un nuevo esquema sanitario nacional.
A ello se suman los desafíos tradicionales: un cambio demográfico que demandará más recursos para la atención de la tercera edad, y una transición epidemiológica que también es intensiva en métodos diagnósticos más sofisticados, y tratamientos y medicamentos más complejos y costosos. Agreguemos a este horizonte la necesidad de cambios conductuales que avanzan en el consumo de ultraprocesados, hábitos sedentarios y desdén por el ambiente.
Cualquier sistema de salud se basa en dos pilares: un modelo de atención y un plan de protección financiera que permita el desarrollo de tal modelo de cuidado. Hoy encontramos que ambos están en crisis. La bienamada estrategia de atención primaria, basada en la prevención y el diseño de redes sanitaria articuladas por línea de cuidado, no deja de ser sólo un anhelo para la mayoría de los subsistemas de salud argentinos, sin distinción de gerenciadores, tanto del sector público como de la seguridad social y el sector privado.
Por el otro lado, la caída del empleo y las perspectivas de menor formalidad en el mercado de trabajo a futuro nos invita a los gritos a repensar cómo sustituir o complementar los fondos recaudados por contribuciones patronales y aportes salariales. En el medio, el control de los procesos de atención, la eficiencia en el uso de recursos, el diseño de acciones de calidad y eficacia en la atención de pacientes parecen parte de un vocabulario ausente en un momento de crisis.
Repensar el sistema de salud de “abajo hacia arriba” es mi sugerencia para una discusión abierta, inmediata y colectiva. Si los sistemas públicos -que albergan la cobertura sanitaria de aproximadamente un 40% de los habitantes del país- han sido los receptores de la población sin cobertura formal, y creciente con el nivel de pobreza, fortalecer su desempeño -no sólo presupuestariamente sino también con mejoras en gestión y seguimiento- resulta una mirada razonable.
Esta cobertura pública se verá potenciada y favorecida con una sociedad con las Obras Sociales Provinciales. Estas instituciones jurisdicción-específicas brindan atención a uno de cada cinco argentinos, y tienen la capacidad de implementar políticas de alineamiento de voluntades con la oferta de servicios privados, y en la mayoría de las provincias, – junto al PAMI- son los grandes financiadores de los establecimientos no-públicos y los profesionales de cada jurisdicción.
Estas sociedades a nivel subnacional son punto de partida para seguros provinciales de salud con capacidad de alinear intereses entre los sistemas públicos y de seguridad social con el total de la oferta de cada jurisdicción, y dar señales de inversión, formación de recursos humanos y elaboración de protocolos de cuidado y de aprovisionamiento en un espacio de colaboración público-privado. Afianzado estos espacios, los seguros provinciales pueden incorporar sucesivamente a otros actores relevantes de la seguridad social -según las líneas de actividad productiva en cada provincia-, el PAMI y sumar a los seguros de medicina prepaga.
Esas instancias serán ricas en la elaboración de redes de cuidado intra-jurisdicción, facilitando las pautas de derivación hacia otras instancias de -eventuales- seguros provinciales de otras jurisdicciones de la Argentina. En este escenario, la autoridad sanitaria nacional podrá ver identificado un espacio de acción concreto: coordinar mecanismos de formación y desarrollo de hubs intermedios de alta complejidad, enfocando a áreas específicas de acción actualmente vacantes, que reduzcan los costos y aumente la eficacia en el proceso de referencia y contra-referencia.
Una confederación de seguros privados de salud tendría en la COSSPRA un aliado inevitable, permitiendo potenciar las acciones de coordinación, fortaleciendo la eficiencia asignativa -en materia de compras de insumos, coordinación de proveedores y distribución de riesgos entre gerenciadores y prestadores- y desarrollando un entretejido regulatorio que armonice la legislación entre provincias, limitando las brechas de acceso entre jurisdicciones como también la inequidad producto de las diferencias de leyes y protocolos entre provincias y subsistemas.
(*) El autor es PhD en Economía por Boston University, Director del MBA Salud de la Universidad de San Andrés, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, e Investigador del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Desde febrero del 2023 es Chief Editor del International Journal for Equity in Health. Entre 2016 y 2024 fue Miembro del Board y Chair para Las Américas de Health Systems Global, la sociedad internacional en sistemas y servicios de salud. Correspondencia a danielmaceira@cedes.org y dmaceira@udesa.edu.ar. danielmaceira.com.ar
