Desde la necesidad de erradicar el derroche e incentivar la prevención del daño clínico y reestructurar un modelo de financiamiento asfixiado por la crisis demográfica y la caída salarial, hasta la corrección de la ineficiencia operativa pública, la democratización del acceso a medicamentos mediante la digitalización y la consolidación de la investigación clínica como un motor federal de desarrollo económico e innovación sanitaria.
La Mesa 3 de la primera jornada del V Congreso de COSSPRA tuvo como eje los Sistemas de Salud, su Diagnóstico y Futuro, a través de las visiones sectoriales. Participaron Fabián Vítolo (médico especialista de Noble Seguros), Patricio Pasman (consultor de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga), Gabriel Lebersztein (Obra Social de Empleados de Comercio – Osecac), Jorge Cherro (presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina – Adecra), Claudio Riganti (gerente de asuntos económicos y de Obras Sociales de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos – CILFA) y Roy Benchimol (director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales – CAEME).
En primer lugar, Vítolo expuso una mirada transversal basada en tres décadas de experiencia en el sector de seguros de responsabilidad profesional y juicios por mala praxis. Tras 30 años analizando eventos adversos graves en quirófanos y salas de internación, Vítolo sostuvo que la prioridad no debe ser evitar demandas judiciales, sino prevenir el daño evitable en los pacientes. A su vez, planteó que es indispensable abordar la gestión médica desde el impacto económico de la “no calidad”, demostrando cómo la ineficiencia clínica afecta directamente la sostenibilidad financiera de los financiadores y prestadores.
Diagnóstico y futuro del sistema de salud
Vítolo denunció una enorme opacidad en el sistema local, donde no existen indicadores consolidados sobre el gasto derivado de infecciones intrahospitalarias (bacteriemias asociadas a catéter, neumonías por respirador), úlceras por presión o malas conciliaciones de medicamentos al alta. Citando el Estudio IBEAS, recordó que el 10% de los pacientes que se internan sufren algún daño, y que el 50% de ese daño es completamente evitable.
A su vez, indicó que según la OCDE y la OMS, hasta un 15% del gasto hospitalario se destina a tratar complicaciones prevenibles, mientras que cerca del 18% del gasto sanitario responde a errores diagnósticos y sobrediagnóstico. Así, apoyado en los desarrollos de Jeffrey Braithwaite (Australian Institute of Health Innovation), resumió la distribución de las prestaciones médicas en el sistema:
- 60% Medicina basada en evidencia: Prácticas clínicas correctas y justificadas.
- 30% Derroche y malgasto: Desperdicio de recursos por sobreutilización o fallas operativas.
- 10% Daño directo al paciente: Complicaciones y eventos adversos.
Vítolo enfatizó que “la plata está dentro del sistema y no va a venir de afuera”, al tiempo que señaló que ya no es viable recortar aranceles ni reducir salarios, dado que el costo laboral representa más del 70% del gasto de las instituciones y existe un desfasaje crítico entre la inflación acumulada y los aumentos concedidos. En este escenario de costos fijos elevados, la calidad y la eficiencia dejan de ser optativas para convertirse en imperativos de supervivencia financiera, aseguró.
En tanto, Vítolo subrayó que actualmente el modelo de pago premia la ineficiencia. Si un paciente contrae una infección intrahospitalaria o sufre una complicación, el prestador suele facturar días adicionales de cama que el financiador termina pagando. Destacó entonces la necesidad de copiar esquemas internacionales (como el programa Hospital Acquired Conditions de Medicare en EE. UU.), que castigan financieramente la aparición de eventos evitables e incentivan la acreditación y la calidad demostrada.
Demostró además que implementar programas de prevención (higiene de manos, paquetes de medidas o bundles, checklist quirúrgico, prevención de caídas) tiene un costo de entre 10 y 80 veces menor que el tratamiento de las complicaciones (como fracturas de cadera o hematomas subdurales por caídas). Al cierre de su exposición, Vítolo remarcó que resulta inaceptable que Argentina destine el 10,5% de su PBI a la salud sin medir con precisión qué porcentaje de esos recursos se pierde en derroche, malgasto y daño evitable.
Diagnóstico y perspectivas de la seguridad social y la medicina prepaga
A su turno, Pasman presentó un análisis detallado sobre el estado de la seguridad social y la medicina privada en Argentina, advirtiendo sobre las inconsistencias del modelo de financiamiento y las tendencias del mercado. El consultor afirmó que mientras que el gasto en salud con relación al PBI se duplicó en las últimas décadas a nivel global, Argentina sigue pretendiendo financiar la seguridad social con la misma alícuota fija sobre el salario (9%) establecida hace 30 o 40 años.
Sumó que la salud ocupa el lugar 13 entre las preocupaciones de la sociedad (postergada ante el empleo y el salario). Sin embargo, la población desconoce que la sostenibilidad de la cobertura médica depende directamente de esas dos variables.
En relación con la crisis en la Seguridad Social y el déficit de cobertura, Pasman indicó que el 74% de los afiliados a la seguridad social no alcanza a cubrir el costo mínimo del Programa Médico Obligatorio (PMO) con sus aportes ordinarios. En ese sentido, dijo que la creación masiva de monotributistas (+68% de crecimiento, alcanzando 2,2 millones) respondió a fines fiscales pero sobrecargó al sistema sanitario, ya que sus aportes no cubren ni el 30% del costo básico del PMO. A su vez, destacó que el estancamiento del empleo privado registrado desde el año 2012 y la caída del salario real (-28% acumulado) desfinanciaron severamente a las obras sociales sindicales.
En relación con el sector de medicina prepaga, Pasman advirtió que abarca a más de 8,4 millones de afiliados, divididos en tres tercios (un tercio con pago directo de cuota y dos tercios desregulados que derivan sus aportes de la seguridad social). Tres grandes empresas pasaron de concentrar el 71% del mercado en 2010 al 85% en la actualidad: esta concentración, según dijo, asfixia a las prepagas pyme (de menos de 40.000 afiliados), amenazadas por el impacto de los medicamentos de alto precio.
Asimismo, ante la presión económica, se acelera la integración vertical entre sanatorios y prepagas. Además, más del 60% de los afiliados pertenece a entidades sin fines de lucro, lo que evidencia que la prepaga pura suele ser un negocio de escaso margen.
Pasman agregó que los medicamentos se convirtieron en el principal motor del costo, pasando de representar un 11,5% a significar entre el 25% y el 30% del gasto total de las prepagas. “Al no crecer la torta de ingresos, el ajuste termina recayendo sobre los honorarios de los profesionales médicos y en un constante aumento del gasto de bolsillo o copagos, ante lo cual la gente muestra una inusual empatía con los profesionales”, aseguró.
También se refirió al agotamiento del Fondo Solidario de Redistribución (SURGE): el fondo destinado a cubrir contingencias de alto precio está quebrado, afirmó Pasman. En discapacidad, una porción mayoritaria del presupuesto no se destina a rehabilitación médica, sino a rubros de asistencia social como transporte y escolaridad.
Ante ese escenario, Pasman propuso avanzar hacia un esquema de competencia sobre una cápita única que garantice el PMO (como en Uruguay o Colombia), eliminando las asimetrías de financiamiento entre obras sociales y prepagas. También consideró un fondo de Enfermedades Catastróficas: indicó que es imprescindible un seguro de alto precio para evitar la desaparición de prestadores y entidades medianas. Y ante la baja probabilidad de reformas drásticas por parte del gobierno actual, concluyó que el sistema no “explotará”, sino que continuará ajustando por calidad, menor tiempo de atención médica (consultas que bajaron de 30 a 7 minutos) y mayor gasto del usuario.
El dilema del sistema de salud: ¿Inopia o Asotus?
Lebersztein (OSECAC) expuso un profundo análisis sobre la situación financiera, la eficiencia operativa y los dilemas estructurales de la atención médica en Argentina. En primer lugar, sostuvo que el sistema no atraviesa una crisis pasajera, sino una escasez definitiva de recursos (“inopia”). “La capacidad financiera acumulada se ha agotado”, indicó.
Paralelamente, denunció que convive un severo problema de malgasto y desasignación de recursos en la gestión diaria (lo denominó asotus, definido por el derroche y la ineficiencia. También coincidió en que la proliferación de amparos y la falta de un criterio rector judicial ponen en riesgo la sostenibilidad general del sistema de salud.
Al analizar la dimensión del gasto, Lebersztein dijo que la Argentina destina un 10,5% de su PBI a la salud, pero la mayor parte no proviene del presupuesto público estricto, sino del aporte directo del salario (seguridad social) y del gasto de bolsillo de las familias. Ajustado por inflación (IPC), el gasto promedio por habitante permite comprar un 12% menos de capacidad de atención o unidades sanitarias que en 2017. También destacó un impacto asimétrico por sectores:
- Seguridad Social (Obras Sociales y PAMI): Sufrió la mayor caída en su capacidad de compra, perdiendo un 24% de su capacidad de cobertura (un cuarto menos de servicios).
- Sector Público: Registró una caída del 16%.
- Sector Privado: Fue el único que creció a través del aumento de cuotas de prepagas y el mayor desembolso directo de las familias.
En tanto, destacó que mientras los costos de los insumos y la medicina crecieron 103 veces, los salarios registrados aumentaron únicamente 72 veces: “La marcada caída del salario real desfinancia a las obras sociales nacionales, afectando los honorarios del personal de salud y los pagos a prestadores”. A su vez, advirtió que fenómenos como el monotributo y el monotributo social transfieren a las obras sociales nacionales a pacientes con patologías preexistentes y alto costo sanitario con un aporte financiero totalmente insuficiente.
Lebersztein expuso datos oficiales de memorias ministeriales para evidenciar el malgasto de recursos instalados:
- Camas ociosas: Muestreos en provincias revelan hasta 7.733 camas de internación vacías por día en la capacidad instalada del sector público, lo que equivale al presupuesto de varios hospitales de alta complejidad desaprovechados.
- Baja productividad en quirófanos: Mientras en el sector privado de CABA un quirófano realiza en promedio 8,2 cirugías por día, en los hospitales públicos la cifra cae a 1,1 a 1,3 cirugías por día hábil (se necesitan seis días en el sector público para igualar la producción diaria del privado).
- Sobreprecios e inequidad en compras: Existen enormes disparidades de precios entre provincias para comprar los mismos insumos, descartables y medicamentos (pagando hasta 2,4 veces más caro unos respecto de otros o licitando por encima del precio de mercado).
Finalmente, propuso unificar la bolsa de recursos del sector público, las obras sociales nacionales y el PAMI en un único fondo equitativo, así como asignar cápitas diferenciadas según el grupo etario del afiliado (reconociendo, por ejemplo, que los mayores de 65 años absorben el 38% del gasto sanitario). Lebersztein adhirió a un Fondo Solidario de Alta Complejidad: financiar las patologías catastróficas mediante una retención o aporte redistributivo fortalecido para asegurar que el dinero alcance a cubrir a todos los sectores con equidad.
Promesa infinita vs. recursos finitos
A su turno, Cherro (ADECRA) expuso la perspectiva de las instituciones prestadoras privadas, centrando su análisis en el colapso del modelo tradicional de financiamiento, el acelerado envejecimiento poblacional y el impacto de la judicialización en el sistema sanitario. Explicó que el esquema tradicional financiado con un aporte fijo sobre el salario (9%) nació cuando la población era joven, predominaba el empleo formal y la tecnología médica era económica. En el siglo XXI, este modelo se agotó por el descalce entre una demanda creciente y un financiamiento insuficiente.
En tanto, dijo que el Programa Médico Obligatorio (PMO), creado en 1996 como un piso básico de prestaciones, se ha transformado en un “techo prácticamente imposible de financiar”. Y sostuvo que existe un dilema irresoluble entre sostener una promesa sanitaria infinita y la realidad de recursos estrictamente finitos (financieros, profesionales de la salud, camas e infraestructura).
Cherro destacó que entre 2015 y 2024, los nacimientos anuales en Argentina cayeron de 750.000 a aproximadamente 413.000 (una reducción cercana al 50%, con una pérdida de unos 350.000 niños por año). Asimismo, mientras que en 1970 (al crearse el PAMI) había 2,8 millones de personas mayores de 60 años, las proyecciones para 2040 indican que esa franja alcanzará los 10 millones. “En 1970, el 67% de la población tenía entre 0 y 40 años; para 2040 ese grupo representará solo el 51%. Esto implica que habrá significativamente menos jóvenes aportantes para sostener la atención médica de una población envejecida y con mayor carga de enfermedad”, sumó.
Además, Cherro denunció que el Poder Legislativo incorporó progresivamente decenas de leyes y prestaciones al PMO sin asignarles sus correspondientes partidas o fondos de cobertura. Agregó que aquellas prestaciones no incluidas formalmente en el PMO son ordenadas por los jueces mediante recursos de amparo, lo que iguala de manera compulsiva a todos los financiadores (obras sociales provinciales, nacionales y prepagas) a cubrir gastos extraordinarios sin fondeo.
Sobre la innovación tecnológica, afirmó que la irrupción de terapias génicas, oncología molecular, inmunoterapia, robótica e inteligencia artificial diagnóstica supera cualquier presupuesto tradicional de salud. Y que el aporte del trabajador registrado ya no alcanza para solventar la estructura de obras sociales, prepagas y la multiplicación de exigencias médicas.
En ese sentido, Cherro sostuvo que el Estado nacional debe asumir directamente el costo de las enfermedades catastróficas, los medicamentos de altísimo precio y las contingencias asociadas al envejecimiento. Exigió también que el presupuesto de salud deje de financiar prestaciones de carácter social vinculadas a la discapacidad (como transporte y educación), las cuales deberían ser absorbidas por otros ministerios (Educación, Desarrollo Social, Transporte).
“Ante la falta de recursos públicos y la insuficiencia de aportes, el mercado privado ya está reaccionando mediante la implementación de copagos de hecho y la reaparición de seguros complementarios”, sostuvo Cherro, al tiempo que propuso retornar a esquemas de planes a medida del presupuesto del usuario y coberturas diferenciales donde el beneficiario abone de su bolsillo lo que exceda el plan principal.
La visión de la industria farmacéutica y la digitalización sanitaria
Por su parte, Riganti (CILFA) expuso la perspectiva de la industria farmacéutica, destacando el rol equitativo del medicamento, el impacto de las tecnologías digitales en la gestión sanitaria y el problema crítico de la baja en la recaudación de las obras sociales. En primer lugar, sostuvo que el medicamento es la prestación más democrática del sistema. Un trabajador o policía provincial –con aportes promedio modestos– accede exactamente al mismo medicamento, marca y calidad en la farmacia que el afiliado a un plan privado de alta gama.
En segundo lugar, destacó la existencia de 286 convenios entre la industria y los financiadores de la seguridad social. Riganti explicó que no se trata solo de vender productos, sino de sostener un sistema con auditoría y acompañamiento en momentos de crisis que protege a la farmacia de pueblo como primer eslabón de salud: “Romper este esquema no es administrar, es igualar para abajo”.
Al exponer sobre la receta digital, detalló la rápida adopción del sistema, pasando de 250.000 recetas digitales en 2020 a 18 a 19 millones de recetas digitales por mes, lo que representa unas 35 millones de unidades dispensadas mensualmente. Actualmente, el 95% de las farmacias habilitadas (unas 11.800) operan sobre la base de recetas digitales. Subrayó que la digitalización elimina el costo de trasladar en cajas, clasificar y auditar manualmente millones de recetas en papel de todo el país.
Riganti también se refirió a la despapelización del proceso: explicó la transición hacia el troquel digital, reemplazando el corte manual con cutter y el pegado sobre la receta en papel mediante la integración con el ticket fiscal homologado. Eso permite al financiador conocer el consumo en el momento exacto en que ocurre: “Ver el nacimiento de la dispensa, no la autopsia 60 días después”, graficó. Sumó que la validación inmediata permite adelantar los pagos a las farmacias, brindándoles liquidez y evitando cortes de servicio a los afiliados por demoras administrativas.
Y aunque las plataformas digitales pueden optimizar la logística, Riganti remarcó que deben estar estrictamente reguladas por el Estado para mantener la calidad de atención y evitar la degradación del sistema de salud.
Finalmente, advirtió que el mayor problema actual de la seguridad social no es solo el incremento del gasto, sino la caída en la recaudación y señaló que en muchas provincias los aumentos salariales se otorgaron mediante conceptos no remunerativos, incrementando el sueldo de bolsillo pero desfinanciando directamente a las obras sociales al no generar aportes porcentuales.
La investigación clínica y el desarrollo federal
Sobre el cierre de la primera jornada del V Congreso de COSSPRA, Benchimol (CAEME) planteó la oportunidad estratégica de convertir a la Argentina en un hub regional de competitividad biofarmacéutica. Basándose en un estudio de competitividad biofarmacéutica encargado a una consultora internacional, Benchimol detalló las condiciones fundamentales para atraer inversión e innovación global:
- Capacidad científica e infraestructura: Desarrollo de talento conectado a redes internacionales y fortalecimiento de la infraestructura científica, área donde Argentina destaca históricamente en la región y el mundo.
- Entorno de investigación clínica: Equipos calificados, sistemas de gestión y procesos que permitan iniciar protocolos con celeridad, calidad y previsibilidad de tiempos.
- Sistema regulatorio riguroso y oportuno: Reconoció el avance de la ANMAT, cuyas normas e inspecciones alcanzaron los máximos estándares internacionales, permitiendo competir directamente con reguladores globales para atraer financiamiento.
- Acceso y financiamiento basado en evidencia: Generación de evidencia de valor en salud para asegurar la sostenibilidad del sistema.
- Protección efectiva de la propiedad intelectual: Reglas previsibles que mantengan en funcionamiento el ecosistema de innovación.
También se refirió al crecimiento de la participación global. En 2015, Argentina captaba el 1,2% de la inversión global en protocolos clínicos. A partir de cambios regulatorios y mejoras de procesos, la participación creció de manera constante hasta alcanzar el 2,1%, según explicó Benchimol. Agregó que la investigación clínica genera en el país una inversión directa anual superior a los 700 millones de dólares, lo que representa el 50% del total invertido en Investigación y Desarrollo (I+D) en Argentina (incluyendo el sector de software).
Benchimol también presentó una hoja de ruta proyectada para alcanzar 8.000 millones de dólares en inversiones en los próximos 6 años si se profundiza el marco de competitividad. “El país cuenta con más de 1.100 protocolos fiscalizados por ANMAT, más de 84.000 pacientes en tratamiento y 700 centros de investigación activos”, destacó.
De todos modos, advirtió que la investigación clínica en Argentina está fuertemente concentrada en el sector privado y en la región AMBA/Capital, con participaciones puntuales en Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En ese sentido, planteó la oportunidad de sumar hospitales públicos (como se comenzó a trabajar en CABA y la Provincia de Buenos Aires) para llevar los protocolos a más provincias y beneficiar a sus poblaciones. Y subrayó que “los centros de investigación que no se digitalicen perderán oportunidades, dado que la gestión científica global migra aceleradamente hacia entornos digitales
Sobre el cierre, Benchimol aseguró que la participación en ensayos clínicos disminuye directamente el costo de los tratamientos en los centros que forman parte de los protocolos y destacó que, más allá de las cifras financieras, la llegada de protocolos representa una oportunidad real y una alternativa terapéutica concreta para pacientes que están fuera de tratamiento o sin opciones médicas en el país. “No seamos espectadores, sino que participemos del avance de la medicina”, concluyó llamando a que científicos, instituciones y pacientes argentinos adopten un rol activo.
