COSSPRA llevó la agenda de las obras sociales provinciales al Congreso Iberoamericano de Salud 

El presidente del Consejo y director de OSEP Mendoza Carlos Funes junto con Pablo Venturuzzi (APROSS Córdoba), Leopoldo Marchetti (OSEP Catamarca) e Ivana Porro (Ipross Río Negro) analizaron los desafíos de las obras sociales provinciales frente al aumento de los costos, la judicialización, las nuevas tecnologías y los cambios en las formas de afiliación. Funes destacó la necesidad de construir acuerdos entre financiadores y anticipó los ejes del próximo Congreso Nacional del Consejo, que se realizará el 28 y 29 de octubre en Puerto Iguazú.

Las obras sociales provinciales enfrentan presión sobre sus recursos en un sistema de salud donde aumentan los costos de las prestaciones y los medicamentos, se amplía la demanda de atención y las decisiones de cobertura exigen cada vez más evidencia, capacidad de gestión y coordinación entre los distintos actores. Ese diagnóstico atravesó la mesa «Obras Sociales Provinciales: innovar bajo presión», realizada en el marco del 1.er Congreso Iberoamericano de Salud FICS, con la participación de Carlos Funes, presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) y director general de OSEP Mendoza; Pablo Venturuzzi, presidente del directorio de APROSS Córdoba; Leopoldo Marchetti, director de OSEP Catamarca; e Ivana Porro, presidenta de IPROSS Río Negro. La conversación fue moderada por Nicolás Mazza, director del MBA Salud de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Con 7,2 millones de afiliados en todo el país, las obras sociales provinciales ocupan un lugar central en el financiamiento sanitario, especialmente en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, la capacidad de responder a las necesidades de sus afiliados está condicionada por una estructura de ingresos vinculada a los salarios, el incremento del gasto asistencial y las dificultades que atraviesan los demás financiadores. Para Funes, el desafío requiere una respuesta colectiva y una discusión que vaya más allá de las herramientas de gestión de cada organismo.

«Estamos convencidos de que somos uno de los financiadores más importantes del país y en las provincias sí me voy a animar a decir que somos el financiador más importante», afirmó el presidente de COSSPRA. Y explicó que los recursos de las obras sociales están atados a los aportes y contribuciones sobre los salarios: «Dependiendo de las provincias, la media salarial que tengan va a tener más o menos oxígeno».

La presión financiera convive además con un aumento de las demandas judiciales y con decisiones de cobertura cada vez más complejas. Venturuzzi describió una «triple presión» económica, por el aumento de precios y la inflación; demográfica y epidemiológica, por el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas no transmisibles; y social y judicial, por las dificultades económicas de los afiliados y la judicialización de las prestaciones.

Innovar con evidencia, evaluar costos y sostener el acceso

La incorporación de tecnología apareció como una herramienta para mejorar la eficiencia, pero también como una decisión que debe estar vinculada a resultados que aporten valor. En Catamarca, Marchetti destacó el impacto de la credencial digital y el token para validar prestaciones: desde su implementación obligatoria, en diciembre de 2023, las prestaciones ambulatorias registraron una disminución del 20%. Para el directivo, el resultado evidenció desvíos e ineficiencias que podían corregirse mediante mejores mecanismos de control.

La provincia también avanzó en la digitalización de trámites y, desde septiembre, en la unificación de la gestión de medicamentos de alto costo de OSEP y del Ministerio de Salud provincial. El objetivo es extender al sistema público un modelo que permite administrar las compras según el consumo efectivo, sin acumular existencias que puedan generar excedentes o vencimientos.

Otro de los desarrollos que destacó Marchetti es el uso de inteligencia artificial en el seguimiento de pacientes con diabetes. La herramienta asiste al médico en la carga de información, facilita una preauditoría de las solicitudes y permite monitorear indicadores clínicos para identificar necesidades de atención. «La decisión la sigue tomando el médico; lo que tiene es una herramienta adicional para tomar una decisión más rápida y más fundada», aclaró.

En Río Negro, la estrategia de IPROSS combina modernización digital, cambios en la contratación de prestadores y compras conjuntas. Porro detalló que la aplicación y el portal de autogestión permiten realizar trámites y validar prestaciones sin concurrir a una oficina, una herramienta especialmente relevante para una provincia de más de 200.000 kilómetros cuadrados, con localidades alejadas de los principales centros urbanos.

La funcionaria también destacó el avance hacia un sistema capitado, acompañado de auditorías externas y controles en terreno, y las licitaciones conjuntas con el Ministerio de Salud para medicamentos de alto costo, planes especiales, prótesis y materiales quirúrgicos. La provincia ya lleva adelante su sexta licitación conjunta. Según explicó, los ahorros obtenidos permiten sostener las coberturas de medicamentos ambulatorios y para pacientes con enfermedades crónicas.

En Córdoba, la innovación también se orienta a reducir las barreras geográficas. APROSS realiza unas 10.000 consultas mensuales por telemedicina y cuenta con dispositivos territoriales que recorren la provincia, con mamógrafos móviles y consultorios destinados a distintas especialidades. Estas unidades permiten realizar alrededor de 10.000 mamografías y más de 18.000 consultas por año. La incorporación de cabinas sanitarias con capacidad de diagnóstico busca ampliar todavía más el alcance de la atención.

Venturuzzi vinculó estas iniciativas con una transformación en la forma de contratar y remunerar los servicios. «Pagar por demanda destruye el sistema; pagar por valor, pagar por prevención es lo que realmente sirve», sostuvo. En esa línea, APROSS trabaja con procesos de autoevaluación y certificación de prestadores, con incentivos asociados a la calidad y a los resultados.

Para Funes, la incorporación de herramientas digitales debe mantener como prioridad las políticas de promoción y prevención. El presidente de COSSPRA advirtió que el sistema no puede concentrarse exclusivamente en financiar tratamientos cuando también dispone de herramientas para anticiparse a las enfermedades, identificar a los pacientes con factores de riesgo y mejorar la continuidad de los cuidados.

Funes destacó además el intercambio de experiencias entre las obras sociales provinciales. Esa cooperación, explicó, «permite compartir tanto las iniciativas que funcionan como los errores que conviene evitar».

Información compartida y acuerdos entre financiadores

Uno de los planteos centrales de Funes fue la necesidad de avanzar en mecanismos de coordinación que permitan distribuir mejor las responsabilidades financieras cuando una misma persona cuenta con más de una cobertura. El presidente de COSSPRA advirtió que, ante la falta de información compartida, el gasto puede concentrarse en un solo financiador, aunque el afiliado también tenga cobertura de otra obra social o del PAMI.

«Estoy convencido y tengo una opinión personal de que el mejor comienzo es tener información fidedigna. En el momento que un financiador atiende a alguien, tanto se entere el que atiende como el que no atiende, para que compartan ese dato», planteó. Para el dirigente, disponer de información confiable sobre las prestaciones y las coberturas sería un primer paso para reducir ineficiencias y construir mecanismos de responsabilidad compartida.

La discusión también alcanzó a la judicialización. Funes consideró que los financiadores deben mejorar el diálogo con la Justicia y aportar fundamentos científicos y económicos para explicar sus decisiones, sin dejar de revisar las ineficiencias internas de sus propias estructuras. En ese sentido, destacó el desarrollo de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias en algunas provincias, entre ellas Mendoza, como una herramienta para fundamentar decisiones de cobertura.

El desafío, sostuvo, es construir criterios que permitan evaluar las innovaciones más allá de su novedad o de su promesa tecnológica. «Una innovación tiene tres cosas: equidad, evidencia, beneficio público. Y yo me voy a atrever a agregar una cuarta: ¿cómo la vamos a comprar y cómo la vamos a sostener en el tiempo?», afirmó.

Esa pregunta conecta el debate sobre innovación con una discusión más amplia sobre el financiamiento y la sostenibilidad del sistema: cómo incorporar medicamentos, dispositivos y tecnologías sin comprometer la continuidad de las prestaciones ni profundizar las desigualdades de acceso.

Libre elección y competencia por la calidad

La mesa también abordó los cambios en los modelos de afiliación, a partir de la reciente aprobación en Río Negro de una ley de libre elección de cobertura para afiliados activos y pasivos, que al momento de la exposición se encontraba pendiente de reglamentación. Porro explicó que la iniciativa permitirá elegir entre coberturas públicas o privadas, con una permanencia de 36 meses en la entidad seleccionada y la posibilidad de volver a elegir, sin períodos de carencia.

«Lo que nosotros queremos es competir por calidad y no por obligación, tener afiliados convencidos de tener una obra social que los respalde y no afiliados cautivos», afirmó la presidenta de IPROSS.

Debate sobre el futuro del financiamiento sanitario

Los temas planteados en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS tendrán continuidad en el V Congreso Nacional de COSSPRA, que se realizará el 28 y 29 de octubre en Puerto Iguazú, Misiones, bajo el lema «Innovación y Políticas de Estado».

El encuentro reunirá a representantes de las obras sociales provinciales y a referentes del sector sanitario para abordar los desafíos del financiamiento, la innovación y la sustentabilidad, el federalismo y el rol de la Nación, y las condiciones necesarias para garantizar el acceso y la equidad. La agenda se inscribe en un momento en que el aumento de los costos, la incorporación de nuevas tecnologías, la judicialización y la presión sobre los recursos obligan a revisar los mecanismos de decisión y las responsabilidades de los distintos actores.

«Desde COSSPRA estamos trabajando para que la discusión permita alcanzar consensos», remarcó Funes. El objetivo, explicó, es que el intercambio no quede limitado a un diagnóstico compartido, sino que contribuya a definir criterios concretos para afrontar los problemas que atraviesan transversalmente a las obras sociales provinciales y al conjunto del sistema.

La convocatoria busca, así, poner en común experiencias de gestión y avanzar en acuerdos sobre cómo evaluar, financiar e incorporar innovaciones sanitarias, con una pregunta de fondo: qué decisiones permiten sostener las coberturas en el tiempo sin resignar calidad ni equidad. Para COSSPRA, la respuesta requiere cooperación entre provincias, información confiable y una discusión sanitaria capaz de traducirse en políticas y herramientas concretas.