Por Federico Tobar
Asesor global en financiamiento de salud en el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Crecí escuchando mitos como que Argentina es un país rico, por sus recursos naturales. Que tiene todos los climas. Que los argentinos nos quejamos con la barriga llena y que lo que le hacía falta era la experiencia de atravesar una guerra.
Me llevó mucho tiempo entender que eran patrañas y ahora que soy, tal vez, demasiado grande, me doy cuenta de que la riqueza pasa por algo muy diferente a los recursos naturales. Porque, a lo largo de mi existencia ocurrió una escisión entre Higia y Panacea que generó el negocio perfecto. Como aquellas máquinas infernales del satánico Doctor No. Solo que hasta ahora no contamos con un agente 007 que salve a Occidente. (Dicen las malas lenguas que el agente Bond optó por el retiro voluntario tras el Brexit).
En los últimos años han surgido inventos poderosos que valen miles de millones de dólares (lo que los norteamericanos llaman “billones”) y generan más ganancias que cualquier otro negocio legal. Incluso el petróleo. Por ejemplo, un solo medicamento -Humira- generó más de US$200.000 millones en ingresos durante su vigencia de patente (2002-2023). Aunque sus dueños (quizás aprendiendo trucos del satánico el Dr. No) implementaron lo que se denomina un “patent thicket” (literalmente un “enjambre de patentes”), generando más de 100 patentes adicionales (por formulación, usos y procesos). De esta forma extendieron la exclusividad mucho más allá de la patente inicial. También en la jerga del sector farmacéutico se les llama “Blockbusters” (de alto éxito) a los productos que generan ventas superiores a US$1.000 millones al año. En general, recuperan la inversión para su desarrollo en un periodo de entre 1 y 3 años tras el lanzamiento.
En la edición de The Economist del 4 de abril de 2026 se informa, entre otros negocios, que la multinacional Eli Lilly está adquiriendo de la biotecnológica Centessa ,una patente para un producto que promete tratar eficazmente los trastornos del sueño por un monto de US$7,8 mil millones. Supongamos que se convierte en un blockbuster. Ese producto podría generar una facturación anual de US$2.600 millones (si el costo de la patente se amortiza en 3 años), de US$1.560 millones (si se amortiza en 5 años). Y si no es un blockbuster sino un medicamento “normal” la facturación anual bajaría a solo US$650 millones (en caso de que se amortice en 12 años).
Pero la patente dura 20 años, y en países donde se claudicaron de las flexibilidades del ADPIC y se admite la protección de datos de prueba, su duración se extiende a los 25 años. Esto significa que, con un poco de suerte, los afortunados dueños de la patente podrían facturar 65 mil millones de dólares antes de que el agente 007 “Generic Bond” venga a salvarnos.
A veces el remedio es peor que la enfermedad. Porque el arsenal vernáculo para defender a los argentinos de los gastos farmacéuticos catastróficos, hasta ahora, se limita a una oferta de copias de industria nacional. El problema es que esas copias se venden a precios iguales o, a veces, superiores a los de los originales desarrollados por la Big Pharma. He denominado efecto murciélago a ese fenómeno porque las segundas marcas nacionales, al igual que los vampíricos quirópteros, duermen colgados de los techos.
Durante la segunda semana de abril de 2026 y en víspera de una discusión sobre patentes farmacéuticas en el Congreso Nacional, se reavivó la discusión sobre las ventajas de la “batiarmas” argentinas contra los remedios caros. En La Nación Hugo Alconada Mon el 12 de abril y al día siguiente, en Infobae Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli proponen que el no tener patentes permitió al laboratorio de Hugo Sigman forzar a una multinacional (Merck) a bajar el precio de un oncológico. Lo que ninguna de las notas menciona es que tanto el original (Keytruda), como la segunda marca nacional (Pembrox) se venden en Argentina más caras que en España, Colombia, Brasil, Costa Rica y Uruguay.
Hay un conjunto de soluciones probadas para que los medicamentos caros (o, mejor dicho, para que los medicamentos nuevos, porque todos los nuevos medicamentos son caros), dejen de hacer metástasis sobre el gasto en salud. La primera es contar con una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias que determine qué debe cubrirse y a qué precio. Para evitar el ejercicio ilegal de la medicina por parte de los jueces, lo ideal sería que la evaluación se realizara antes del registro. La segunda medida consiste en regular los precios de los productos monopólicos y oligopólicos mediante la referenciación internacional (como lo hacen todos los países de la OCDE). La tercera, y más poderosa, es crear un seguro nacional que cubra los gastos catastróficos, creando un monopsonio para las tecnologías caras. Es el magnífico ejemplo del Fondo Nacional de Recursos del Uruguay.
