Carlos Funes, presidente de COSSPRA y director de OSEP Mendoza, sostuvo que la fragmentación del sistema genera duplicación de gastos, superposición de coberturas e ineficiencias. Y propuso avanzar en mecanismos de información compartida entre financiadores y prestadores para conocer los costos reales de atención y mejorar la asignación de recursos.
Fue durante las 23as Jornadas Federales y 22as Internacionales de Política, Economía y Gestión de los Medicamentos y las 12das Jornadas Profesionales Farmacéuticas, que se realizan los días 18 y 19 de junio en el Hotel Hilton Pilar, provincia de Buenos Aires, donde compartió la mesa «La agenda sanitaria en las provincias y un enfoque federal integrado», con los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y al de Neuquén, Martín Regueiro, bajo la coordinación de Viviana Quesada, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén y revisora de cuentas de FEFARA.
Durante su exposición, Funes compartió la mirada de las obras sociales provinciales sobre los desafíos que enfrenta el sistema sanitario argentino y planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor integración entre los distintos subsistemas de cobertura.
«Todos conocemos cómo está organizado el sistema de salud argentino. Sabemos que existen tres subsistemas: el de cobertura pública, el de la seguridad social y el de cobertura voluntaria. Sin embargo, esa estructura genera inequidades, porque el acceso a la salud termina dependiendo, en gran medida, de la capacidad adquisitiva de las personas y de un modelo mixto y descentralizado», señaló.
El presidente de COSSPRA consideró que la fragmentación del sistema es un problema ampliamente diagnosticado, aunque todavía no se han desarrollado herramientas eficaces para abordarlo. «Esto genera consecuencias operativas y sociales muy concretas, aunque pocas veces se señala quién es la principal víctima de este sistema tan atomizado: el paciente», afirmó.
Información compartida
Uno de los ejes centrales de su presentación estuvo vinculado a la necesidad de construir mecanismos de información compartida entre los distintos financiadores y prestadores. En ese sentido, sostuvo que «cuando el sistema se fragmentó en múltiples financiadores y prestadores, nunca se construyó un sistema de información compartida. No alcanza con tener datos; esos datos deben poder intercambiarse entre los distintos actores».
Para Funes, la falta de interoperabilidad limita la posibilidad de gestionar eficientemente los recursos y genera situaciones de superposición de coberturas que hoy no pueden ser monitoreadas adecuadamente. «Se mencionó aquí el problema de la doble cobertura. Pero la realidad es que existen personas con doble, triple e incluso cuádruple cobertura. La pregunta es si esa información se comparte entre el sistema público, la seguridad social y los demás financiadores», planteó.
Como ejemplo, explicó que en Mendoza la obra social provincial cuenta con alrededor de 400.000 afiliados, de los cuales cerca de 100.000 poseen más de una cobertura y unos 33.000 también están afiliados al PAMI. «Sabemos quiénes son. La cuestión es si existen herramientas que permitan compartir esa información para evitar duplicaciones y utilizar mejor los recursos», indicó.
Soluciones concretas
En la misma línea, llamó a avanzar en sistemas de información cruzada que permitan identificar quién financia efectivamente cada prestación. «¿Cuántas personas sufren un accidente laboral y son atendidas sin que exista información integrada entre la ART, la obra social, el hospital público o el PAMI? Muchas veces no sabemos quién financia efectivamente esa atención», advirtió.
Asimismo, sostuvo que el debate sobre el financiamiento sanitario no debe limitarse a la insuficiencia de recursos. «Además de señalar que los recursos son insuficientes, debemos reconocer que existen ineficiencias que podemos corregir. Lo primero es contar con información confiable. Luego podremos determinar con precisión cuánto dinero necesitamos para atender adecuadamente a la población», expresó.
Funes también alertó sobre los costos que genera la fragmentación administrativa del sistema. «Hoy observamos un verdadero embudo en el que confluyen múltiples financiadores y que termina funcionando como un agujero negro administrativo. Se duplican gastos de gestión, se repiten estudios diagnósticos y se superponen prestaciones. Todos sabemos que ocurre, pero todavía no hemos avanzado en soluciones concretas», afirmó.
El rol de las OSP
En otro tramo de su exposición, reivindicó el papel de las obras sociales provinciales como actores estratégicos para la construcción de políticas sanitarias con perspectiva federal. «Las obras sociales provinciales tenemos una posición privilegiada para contribuir a este debate. Con aciertos y errores, somos quienes mejor conocemos el funcionamiento del sistema en cada provincia. Conocemos al sector privado, conocemos al sector público y, en muchos casos, también administramos prestadores propios. Sabemos cuánto cuesta atender a una persona y entendemos cómo circulan los recursos dentro del sistema», sostuvo.
Finalmente, propuso avanzar hacia esquemas de coordinación que involucren a los ministerios de Salud, las obras sociales provinciales, el PAMI, las obras sociales universitarias y otros sistemas de cobertura estatal. «Si queremos hablar seriamente de federalismo sanitario debemos empezar por coordinar esfuerzos, evitar duplicaciones y proteger mejor los recursos disponibles», afirmó.
Y concluyó con una convocatoria a construir un sistema más integrado y eficiente: «Ese es el desafío: construir un sistema basado en información compartida, con responsabilidades claramente definidas y con el objetivo de utilizar mejor los recursos para garantizar una atención de calidad a toda la población».
La participación de COSSPRA se dio en el marco de un encuentro que reúne a referentes sanitarios, financiadores, autoridades provinciales y profesionales para debatir sobre financiamiento, acceso, innovación, sustentabilidad y los desafíos de la gestión sanitaria en la Argentina.
