Lo dijo el presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) y del IPS Salta, Martín Baccaro, al exponer en el marco de las Jornadas “Derecho a las Prestaciones de Salud y su Perspectiva Judicial”. El encuentro fue organizado por la obra social de Tucumán, el 19 y 20 de septiembre.
La presentación de Baccaro comenzó con una radiografía sobre los financiadores del sector de la salud en general, pero poniendo el foco en los que componen el COSSPRA en particular. En este marco, destacó la fragmentación del sistema sanitario y la inequidad de las coberturas. Al respecto, dijo que “la inequidad es en lo que deberíamos trabajar en el corto plazo, buscando garantizar el acceso a las prestaciones básicas para todos los habitantes de nuestro país y que no solo accedan quienes tienen tal o cual cobertura”.
Durante su disertación mostró las diferencias en materia de presupuesto y ejemplificó mencionando el caso de obras sociales que manejan 8000 pesos por afiliado; mientras otras cuentan con 1000. “Creer que es posible dar la misma cobertura es engañarse. Entonces, está muy bueno que podamos conversar, mostrar otras cosas, dar nuestra perspectiva para poder construir nuevos consensos, ponernos de acuerdo y después de esto alcanzar un pacto: que es un consenso con una obligación a cumplir”, señaló.
Baccaro destacó que en la Argentina los amparos tienen que ver con el derecho individual y, en general, quien ejerce ese derecho es el sector más informado, con mayor acceso a ciertas cuestiones, con los cual la inequidad aumenta. “Y cuando del lado de la Justicia la respuesta no está basada en la ciencia, o esta no es clara y no aporta datos para que la Justicia pueda tomar decisiones acertadas, se genera el desvío de fondos hacia la cobertura de una prestación, por un tiempo exagerado, y esa dinero falta después para dar otra cobertura, en otra situación, a otra persona. Eso es la inequidad”, sentenció.
El referente del COSSPRA advirtió que son muchos los ejemplos que pueden mencionarse en los que la judicialización de la salud impacta en forma negativa en los sistemas solidarios y mencionó algunos: obligar a las Obras Sociales Provinciales a mantener una afiliación sin que haya aportes; cubrir el costo de una medicación aunque no haya sido rechazada previamente su cobertura por parte de la obra social; forzar la provisión y cobertura de un medicamento en fase de investigación; o fijar el precio de una cirugía en un fallo.
“Para dejar atrás la problemática de la judicialización debemos avanzar en propuestas que incluyan: la integración y federalización del sistema; la revisión de la legislación; la desprescripción; acuerdos del NO; evaluación de tecnologías; regulación de precios en salud; y fondo o seguro de alto costo”, concluyó el presidente del Consejo. Y cerró diciendo: “La intención es que a través de estos foros alcancemos acuerdos y podamos reelaborar un sistema de salud integrado, ligado a lo que sucede en cada provincia”.
De la mesa participaron también María José Gandur, jefa del Cuerpo de Peritos Médicos Oficiales del Poder Judicial de Tucumán; y Pablo Yedlin, diputado Nacional de Tucumán.
