Alicia Ferreira, presidenta del Fondo Nacional de Recursos (FNR) de Uruguay, compartió en el IV Congreso Nacional de COSSPRA, desarrollado en Salta, la experiencia y las lecciones aprendidas en su país en materia de cobertura de salud para prestaciones de alto costo.
“En Uruguay nos está pasando que toda esta avalancha de medicamentos de alto precio lleva a que estemos pensando en cómo hacemos para comprarlos, y a veces nos olvidamos del fortalecimiento de la atención primaria”, reconoció.
Uruguay implementó un sistema nacional integrado de salud, con un seguro que actualmente cubre a 2.700.000 personas. Este modelo garantiza cobertura universal, accesibilidad y sustentabilidad de los servicios de salud. Como el aporte patronal y el del trabajador no aumentaron, pero sí lo hizo el gasto, se incrementó el aporte proveniente de Rentas Generales. De esta forma, los prestadores públicos también se financian a través de esos recursos, configurando un sistema mixto.
En la actualidad, se encuentra en marcha un proyecto para crear una Agencia de Vigilancia Sanitaria uruguaya; sin embargo, hoy es el Ministerio de Salud quien tiene a su cargo el registro de medicamentos.
“El Fondo Nacional de Recursos financia algunas prestaciones de alta complejidad y medicamentos de alto precio. Todas las personas en Uruguay tienen derecho a recibir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos registrados en el país, y los prestadores tienen la obligación de brindarlos”, indicó Ferreira.
Según explicó, gran parte de la brecha entre esas prestaciones y el Plan Integral de Atención de la Salud (PIAS) es lo que se judicializa, un fenómeno que crece año a año. “Los médicos están prescribiendo medicamentos que no están registrados en el país. Es el 33% de lo judicializado. El juez da 48 horas para comprar. Es uno de los problemas que estamos teniendo”, advirtió.
Ferreira repasó también la evolución del Fondo Nacional de Recursos, que puede dividirse en tres etapas: creación y declive por atrasos en los pagos (1980–1998), profesionalización técnica y recuperación con control de actos médicos y demanda bajo criterios de costo-efectividad (2000–2007), y una etapa de estabilidad con nuevas amenazas (2008 a la actualidad), debido al incremento de los amparos judiciales. Hoy, el 60% del presupuesto se destina a cubrir amparos y el 40% a coberturas.
El FNR recibe del Fonasa unos 12 dólares mensuales por cada una de las 2.700.000 personas incluidas en el sistema, con ajustes según el presupuesto y la evolución del gasto durante el año.
“El mismo medicamento con amparo sale 50.000 dólares y, por fuera, 10.000. Un total de 150 millones de dólares en amparos fue el gasto de Uruguay el año pasado. Nos piden que incorporemos todo lo que está siendo judicializado, pero no se puede, porque algunas cosas no tienen sentido ni relación costo-beneficio”, explicó Ferreira.
Actualmente, el Fondo Nacional de Recursos funciona como un seguro público universal, complementario del Seguro Nacional de Salud, y cumple funciones de reaseguro para los prestadores integrales en procedimientos de alto costo y complejidad, así como en medicamentos de alto precio.
Por último, Ferreira detalló que las estrategias para asegurar la calidad y sostenibilidad del sistema se basan en dos ejes: la incorporación de nuevas prestaciones y medicamentos -a través del análisis epidemiológico, la negociación con proveedores, la fijación de aranceles, la evaluación de tecnologías sanitarias y las herramientas de priorización-, y el control y monitoreo de las prestaciones y medicamentos financiados, mediante la evaluación de pacientes, segundas opiniones y el seguimiento con datos de la vida real.
