Entre demandas judiciales, incremento de costos y respuestas sanitarias cada vez más complejas, las obras sociales provinciales ocupan un lugar central en el debate sobre acceso, financiamiento y sostenibilidad del sistema de salud.
Por Marisa Aizenberg
Abogada especializada en derecho de la salud y salud digital. Consultora regional en políticas públicas y regulatorias, tecnologías e innovación médica.
Con el aumento exponencial de los amparos en salud, reaparece con fuerza una idea instalada en el sector sanitario acerca de que reducir la cantidad de litigios sería per se, un indicador de mejora del sistema de salud. Analizar la judicialización exclusivamente desde una mirada cuantitativa implica reducir la complejidad de un fenómeno mucho más profundo y estructural.
Detrás de cada expediente judicial existen personas atravesando situaciones de vulnerabilidad incrementadas por las demoras en las autorizaciones, discontinuidad de tratamientos, dificultades de acceso a medicamentos, prestaciones de discapacidad interrumpidas o respuestas administrativas que llegan tarde frente a patologías donde el tiempo tiene un valor determinante.
En la mayoría de los casos, las personas recurren a la vía judicial cuando perciben agotadas o insuficientes las respuestas institucionales disponibles. Por eso, la judicialización muchas veces funciona como un termómetro de las tensiones estructurales del sistema sanitario y no como la causa de sus desequilibrios. Nadie ampariza su salud por elección, se judicializa cuando el sistema en su conjunto falla.
Se trata, en este sentido, de un fenómeno multifactorial que desafía la gestión sanitaria. Se suman a las crecientes dificultades de financiamiento, la incorporación acelerada de tecnologías y medicamentos de alto precio, las desigualdades entre subsistemas y marcos regulatorios diseñados para contextos epidemiológicos, tecnológicos y económicos muy diferentes de los actuales. Gobernar la salud hoy requiere instituciones capaces de adaptarse a escenarios dinámicos, con criterios de priorización, sustentabilidad y evidencia científica, en clave de derechos, y eso también requiere de un Poder Legislativo comprometido y activo.
En este escenario, las obras sociales provinciales cumplen un rol esencial dentro de la cobertura sanitaria federal. Muchas de ellas sostienen prestaciones complejas en contextos de fuerte presión presupuestaria, incremento sostenido de costos y creciente demanda asistencial. Muchas veces quedan atrapadas entre demandas legítimas y recursos insuficientes, en ausencia de políticas sanitarias coordinadas y sostenibles. A eso se suman otros factores como el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas que generan tensiones mayores que requieren respuestas institucionales cada vez más sofisticadas.
Por eso, la discusión sobre judicialización no debe plantearse en términos de confrontación entre pacientes y financiadores. El verdadero desafío consiste en construir mecanismos que permitan prevenir conflictos, mejorar la calidad de las respuestas institucionales y fortalecer la sostenibilidad del sistema sanitario en su conjunto.
En ese contexto, deben impulsarse herramientas de resolución temprana de conflictos sanitarios que contribuyan a generar canales más ágiles de diálogo y descomprimir litigios innecesarios. La experiencia demuestra que los conflictos en salud poseen particularidades que requieren abordajes altamente especializados, entendiendo también que una crisis estructural no puede ser abordada desde una herramienta procesal y mucho menos impuesta como obligatoria por los fuertes reparos constitucionales que se podrían formular. Existen situaciones atravesadas por riesgos, urgencias médicas y derechos fundamentales en juego donde la lógica transaccional encuentra límites éticos muy claros que no pueden reducirse a una discusión económica y donde las respuestas deben priorizar la inmediatez, la evidencia médica y la protección efectiva de la persona. En estos casos, el tiempo forma parte del propio contenido del derecho a la salud.
La creciente complejidad de los conflictos en salud exige avanzar hacia modelos interdisciplinarios de gestión, con espacios institucionales capaces de intervenir de forma temprana, antes de que los conflictos lleguen a tribunales, integrando especialistas en derecho, salud, auditoría, bioética, gestión y evaluación sanitaria.
Argentina necesita fortalecer sus mecanismos de gobernanza sanitaria y evaluación de tecnologías, por décadas anunciados, y consolidar legislativamente la creación de instituciones técnicamente sólidas e independientes que puedan analizar evidencia científica, evaluar costo-efectividad, definir prioridades sanitarias y construir criterios transparentes y previsibles de cobertura. Cuando esos consensos institucionales no existen, muchos debates terminan inevitablemente trasladándose al ámbito judicial y resolviéndose caso por caso.
En este marco, el Poder Judicial continúa ocupando un rol fundamental como último garante de derechos. Cuando fallan las respuestas administrativas o los mecanismos institucionales de resolución, la Justicia aparece como el ámbito donde las personas buscan tutela efectiva frente a situaciones que perciben como urgentes o desatendidas.
Por eso, la judicialización sanitaria debe leerse también como una oportunidad de resolver tensiones, desigualdades y desafíos pendientes dentro del sistema de salud.
No se trata de bajar artificialmente la cantidad de juicios sino de construir un sistema sanitario más previsible, equitativo, transparente y sostenible, capaz de brindar respuestas oportunas, como una manera eficaz de evitar que las personas tengan que llegar a un tribunal con una carpeta médica bajo el brazo para acceder a derechos básicos.
