Desde COSSPRA proponemos avanzar en una agenda de trabajo sobre cobertura, financiamiento e innovación para 2027

El V Congreso de COSSPRA dejó como conclusión la necesidad de avanzar en una agenda sanitaria que permita transformar los diagnósticos sobre el sistema de salud argentino en propuestas concretas. Los cuatro ejes son: PMO, innovación, costos y justicia. Las obras sociales provinciales tenemos experiencia y responsabilidad para contribuir a ese proceso.

Por Carlos Funes, presidente de COSSPRA.

El V Congreso de COSSPRA nos dejó una conclusión que considero central: el sistema de salud argentino necesita pasar del diagnóstico a la construcción de soluciones. Durante los últimos años hemos debatido sobre sus dificultades, sus desequilibrios financieros, las tensiones entre los distintos actores y las dificultades para garantizar las prestaciones. Hoy existe un grado importante de coincidencia sobre esos problemas. El desafío es convertir ese consenso en decisiones y políticas concretas.

En la última edición del Congreso, bajo el lema «Innovación y Políticas de Estado», encontramos una evolución en el debate. Si en 2024 predominó la necesidad de describir la crisis y en 2025 comenzamos a revisar sus distintas dimensiones, este año quedó planteada con mayor fuerza la necesidad de trabajar sobre un camino de salida. No alcanza con volver a enumerar las dificultades. Tenemos que asumir la responsabilidad de intervenir sobre ellas.

Uno de los problemas estructurales que debemos abordar es la fragmentación y segmentación del sistema de salud. En la Argentina, con una población de aproximadamente 46 millones de habitantes, la suma de las distintas coberturas y asignaciones de recursos supera ampliamente esa cantidad. Esto significa que hay personas que cuentan con dos o más coberturas, mientras que otras tienen dificultades para acceder a una atención oportuna. Sin información consolidada sobre esas superposiciones, resulta muy difícil conocer cómo se distribuyen los recursos, identificar duplicaciones y organizar una respuesta eficiente.

Esta situación tiene consecuencias: se duplican gastos, se superponen responsabilidades y se generan inequidades en el acceso a la salud. Las obras sociales provinciales conocemos de cerca esas tensiones y en muchos casos terminamos absorbiendo demandas que corresponden a distintas coberturas, dentro de un sistema que no tiene suficientemente identificadas las responsabilidades de cada financiador. No podemos continuar financiando de manera fragmentada aquello que requiere una respuesta integral.

Hablar de sostenibilidad del sistema de salud, entonces, implica ampliar la discusión. Durante mucho tiempo el debate estuvo concentrado en cuánto dinero ingresa al sistema, cuánto aportan las distintas fuentes de financiamiento y cómo evolucionan los costos. Son cuestiones fundamentales, pero no suficientes. También tenemos que preguntarnos cómo se utilizan los recursos, qué prestaciones se financian, qué responsabilidades corresponden a cada actor y qué mecanismos de articulación permiten evitar gastos innecesarios sin afectar los derechos de las personas.

Las obras sociales provinciales tenemos mucho para aportar a esta discusión. Representamos la cobertura de más de siete millones de personas y administramos sistemas que conocen de manera directa las particularidades sociales, económicas, sanitarias y territoriales de cada provincia. No tenemos una población homogénea ni podemos aplicar respuestas idénticas en territorios con realidades muy diferentes. Conocemos las necesidades de las grandes ciudades, pero también las de las localidades pequeñas, las regiones rurales y las economías regionales.

Además, nuestro trabajo dejó de estar limitado a reunir recursos para pagar consultas, diagnósticos y tratamientos. Hace tiempo que desarrollamos programas de promoción, prevención y seguimiento de enfermedades crónicas. Esa experiencia nos permite comprender que la gestión de la salud requiere una mirada que abarque todo el recorrido de las personas dentro del sistema, desde la prevención hasta la atención de alta complejidad.

Por eso, entendemos que las obras sociales provinciales debemos ser parte activa de cualquier mesa de trabajo que se proponga transformar el sistema. No pretendemos tener todas las respuestas, pero sí contamos con experiencias concretas y con un conocimiento territorial que puede enriquecer una estrategia nacional.

En el Congreso identificamos tres dimensiones fundamentales para avanzar en esa dirección. La primera es la integración asistencial. Necesitamos conocer a nuestra población y contar con información sanitaria compartida. Una historia clínica que permita reconstruir los antecedentes, las prestaciones recibidas y las necesidades de cada persona es una herramienta indispensable para mejorar la continuidad de la atención y evitar superposiciones.

La segunda dimensión es la integración financiera. Debemos construir un padrón que permita identificar quiénes tienen cobertura, quiénes no la tienen y cuántas coberturas posee cada persona. Saber dónde están los recursos y quién tiene la responsabilidad de financiarlos es una condición básica para ordenar el sistema. Sin información confiable, cualquier discusión sobre eficiencia, equidad y sostenibilidad queda incompleta.

La tercera es la planificación del recurso humano en salud. Necesitamos una política que combine una mirada nacional con decisiones federales. No alcanza con afirmar que faltan profesionales: tenemos que saber cuáles, dónde y en qué especialidades. La formación debe anticiparse a los cambios demográficos y epidemiológicos. Las necesidades de hoy no necesariamente serán las de dentro de diez años. Si no planificamos las residencias, la distribución de especialidades y las condiciones de trabajo, seguiremos generando competencia entre provincias por los mismos profesionales, en lugar de construir una política sanitaria que responda a las necesidades de la población.

A estas dimensiones se suman cuatro cuestiones que deben integrar una agenda sanitaria común: la definición de una cartera de prestaciones suficiente para todos los habitantes, la determinación de su financiamiento, la judicialización de la salud y la incorporación de la innovación bajo criterios de evaluación y sostenibilidad.

Considero que avanzar en una cartera de prestaciones compartida es uno de los pasos más importantes. Toda persona que viva en la Argentina debería tener claridad sobre cuáles son las prestaciones que el sistema garantiza, independientemente de cuál sea su cobertura o de que no tenga ninguna. Esa definición debe estar acompañada por un esquema de financiamiento realista, que contemple las diferencias de costos entre provincias y regiones. No podemos establecer un precio único para realidades sanitarias y económicas tan diversas.

Contar con criterios comunes también permitiría ordenar la discusión sobre la judicialización de la salud. Si existe un acuerdo sobre las prestaciones garantizadas, sus condiciones de acceso y los responsables de financiarlas, podremos dar respuestas más claras y previsibles. Cuando una prestación forma parte de esa cobertura, debe garantizarse. Pero también necesitamos herramientas para abordar las demandas que exceden esos criterios, sin que las decisiones sobre cobertura queden libradas a respuestas aisladas o a la capacidad de cada institución para afrontar un litigio.

Otro desafío es la innovación en salud. No podemos rechazarla de manera automática, pero tampoco incorporarla sin evaluar su efectividad, su impacto sanitario y su costo. La evaluación de tecnologías sanitarias, las agencias provinciales y la posibilidad de generar mecanismos regionales de análisis y negociación pueden ayudarnos a tomar decisiones mejor fundamentadas. También debemos explorar estrategias de compra y negociación conjunta que permitan mejorar las condiciones de contratación, reducir diferencias injustificadas de precios y fortalecer la capacidad de los financiadores, sin desconocer la necesidad de una relación sostenible con quienes producen y comercializan tecnologías y medicamentos.

Nada de esto puede resolverse desde un solo sector. Por eso, creemos que el COFESA tiene un papel rector en la convocatoria y coordinación de este proceso, con la participación de los financiadores, los prestadores, los profesionales, los pacientes y los demás actores de la cadena sanitaria. La integración requiere acuerdos institucionales y responsabilidades definidas.

Desde COSSPRA asumimos el compromiso de impulsar esta agenda. Los temas que surgieron durante el Congreso deben convertirse en líneas de trabajo para 2027: Programa Médico Obligatorio (PMO), judicialización, innovación y costos. Queremos contribuir a convocar a los actores necesarios, sostener la discusión técnica y promover propuestas que puedan implementarse en las distintas jurisdicciones.

El objetivo final no puede perderse de vista: cada decisión que tomemos debe traducirse en mejores respuestas para las personas que necesitan atención. La sostenibilidad no es un fin administrativo ni una discusión exclusiva de los financiadores. Es la condición para que el sistema pueda seguir garantizando el derecho a la salud en el tiempo.

La fragmentación del sistema de salud ya no puede considerarse una dificultad operativa más. Sus consecuencias comprometen la eficiencia, la equidad y la capacidad de respuesta del conjunto. El futuro del sistema de salud argentino requiere integración asistencial, financiera y de gestión. Desde las obras sociales provinciales estamos dispuestos a asumir el protagonismo y la responsabilidad que esa transformación demanda.