El sistema de salud argentino enfrenta profundas desigualdades y desafíos derivados de la fragmentación y segmentación del acceso y la cobertura. Es crucial optimizar la interacción entre los sectores público y privado, avanzar en la integración de nuevas tecnologías y asegurar una cobertura equitativa para toda la población.
Por: Dr. Ernesto van der Kooy, Presidente de PROSANITY CONSULTING. Director de la Maestría en Gestión de Servicios de Salud de la USAL.
En la República Argentina, la Salud es un derecho humano esencial y su protección, en un sentido amplio, una responsabilidad básica y fundamental del Estado, aunque esa responsabilidad primaria no excluye aquella propia de cada uno de los ciudadanos en su cuidado personal y en el de su comunidad.
Mantener la salud de las poblaciones es cada vez más difícil en todo el orbe a la luz de varios factores entre los que se pueden señalar la transición demográfica, el costo creciente de tecnologías y medicamentos, el deslizamiento epidemiológico hacia las enfermedades crónicas no transmisibles y la demanda creciente de acceso universal e irrestricto a la salud por parte de la población. En la Argentina se pueden listar factores adicionales tales como el bajo nivel de los salarios, el alto costo de la judicialización, y la demanda poblacional exacerbada por los medios de comunicación y las organizaciones de defensa de los consumidores y aún la variabilidad de la práctica prescriptiva.
Sabemos que nuestro Sistema de Servicios de Salud es fragmentado y segmentado y si bien se enuncia que se cuenta con una cobertura universal gratuita, la realidad hace que esa cobertura sea inequitativa, tanto en el acceso, como en la oportunidad, según al subsector de la salud al que la persona pertenece.
Siendo que todos esto es muy bien conocido, llama la atención que no se implementen acciones de fondo, muchas de ellas seguramente simultáneas, para comenzar a solucionar esas ineficiencias y sólo se realicen algunas intervenciones de poco impacto sobre subsectores cuya cobertura no llega al 15%( y de los cuales el 60% provienen del Seguro Social Obligatorio).
Sin dudas la problemática del sistema de salud no ha sido un objetivo prioritario de la agenda de política pública en Argentina.
Nosotros venimos listando y solicitando en diferentes foros desde hace años un grupo de acciones imperiosas, muchas de las cuales tienen un amplio consenso en el sector sanitario, pero nada se ha realizado y el sistema de salud se desmorona inexorablemente. Siendo que al mismo tiempo se deberían incorporar tecnologías de la información y de las comunicaciones (Tics) necesarias para la interoperabilidad en salud, el uso y promoción de la telesalud, la inteligencia artificial en procesos diagnósticos y analíticos, la digitalización de la historia clínica y las ayudas diagnósticas, la receta electrónica, la promoción de las apps para el cuidado de la salud, entre otros. Y así como existen nuevas herramientas tecnológicas, avanzar en la capacitación, la vinculación y el hábito de uso en los profesionales de la salud y pacientes.
El Seguro de Salud obligatorio es la base de nuestro sistema de salud ya que cubre a más del 60% de la población. Pero es también necesario optimizar el subsector estatal (en todas sus jurisdicciones) responsable de la atención del 35% de la población del país, avanzar en modelos de cobertura universal, alguna vez ideados, cuyo ordenamiento es imprescindible para trabajar coordinadamente en esquemas de articulación público-privada entre los sectores públicos provinciales y municipales y las Obras Sociales y prepagas. La superposición de programas entre el estado nacional y las provincias y municipios genera asignación ineficiente de recursos, gastos exponenciales y dilución de responsabilidades entre los actores.
Si bien los beneficios de la Seguridad Social son responsabilidad del Estado Nacional, en lo que tiene que ver con el Seguro de Salud obligatorio (bajo el formato de Obras Sociales), esa responsabilidad se limita fundamentalmente a Obras Sociales Nacionales, de Fuerzas de Seguridad, a Incluir Salud, a las Universidades Nacionales y al Pami.
La misma Constitución otorga a los gobiernos jurisdiccionales la responsabilidad sobre la salud pública de toda su población, sean beneficiarios o no de la Seguridad Social Nacional. Valiéndose de esta asignación constitucional, la actual administración abolió los mecanismos de recuperación directa de prestaciones realizadas a beneficiarios de Obras Sociales Nacionales y prepagas coordinado por la S.S.S (Régimen de HPGD), complejizándolo en sus posibles resultados, para dejarlo en manos de convenios directos entre los agentes de Salud y cada jurisdicción provincial. El destacar este hecho, es con el sólo fin de marcar cual es la orientación que se pretende dar al sistema de salud.
Ahora bien, fundamentalmente, los gobiernos provinciales deben enfocar sus acciones a aquellos sin cobertura formal y a aquellos trabajadores activos y pasivos en relación de dependencia provinciales, de los tres poderes de la misma, que son su única cobertura.
O sea que el 35% de la población sin cobertura formal y todos los trabajadores públicos en relación de dependencia de las provincias y los pasivos que surgen quedan bajo responsabilidad jurisdiccional única en lo que tiene que ver con la atención de la Salud. Ello marca que más del 52% en promedio de la población de cada provincia es responsabilidad única de la misma en la atención de la salud, en una realidad no homogénea según las diferentes jurisdicciones (van del 27% al 80% según la provincia, los porcentajes de cobertura única de los gobiernos provinciales. El porcentaje menor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mayor en Catamarca)
La totalidad del Seguro de Salud Obligatorio se financia con aportes y contribuciones (un porcentaje de los salarios) de tipo compulsiva.
Las provenientes de la Seguridad Social (Obras Sociales Nacionales) tienen un porcentaje de aporte uniforme y tienen una obligación de prestar una selección predefinida de prestaciones, (PMO), son supervisadas por la S.S.S. cuentan con Fondo Solidarios de redistribución proveniente de los propios aportes y contribuciones y algunos mecanismos de subsidios y reintegros tendientes a generar solidaridad interinstitucional.
