Descargá la presentación de Grupo PAIS
En el marco del IV Congreso Nacional de COSSPRA, se desarrolló el Ateneo de debate “El rol de los diferentes niveles del Estado en un sistema sanitario pluralista: funciones nacionales, provinciales y municipales”, un espacio de reflexión colectiva que puso sobre la mesa los desafíos de gobernanza, rectoría y financiamiento del sistema de salud argentino.
Moderado por Hugo Arce y Carlos Vassallo Sella, integrantes del Grupo País, contó con la participación de Javier Vilosio, exministro de Salud de Río Negro), Daniel Maceira (Universidad de San Andrés), Pablo Yedlin (presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados), y Gabriel Battistella (subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires).
Mientras que Hugo Arce hizo un repaso por la historia del sistema de salud y la responsabilidad de las provincias a lo largo de los años y las sanciones de leyes rectoras, Carlos Vassallo Sella destacó la relevancia de generar espacios de intercambio sobre la estructura sanitaria: «Para el Grupo País es fundamental poder contar con un ámbito como este para discutir algo clave: la relación entre Nación y provincias. Nuestro grupo nació en 2011 con la intención de pensar políticas desde una mirada federal. Durante la pandemia retomamos los debates, los plasmamos en un libro y logramos consolidar una red de más de cien personas interesadas en el funcionamiento del sistema de salud argentino».
Vassallo señaló que la coyuntura actual obliga a repensar responsabilidades y apuntó que «no existe una legislación que delimite con claridad las funciones de cada nivel del Estado. Esa indefinición genera superposiciones y pérdida de eficiencia y algunas provincias aún no asumen plenamente su rol protagónico, mientras que la Nación debe fortalecer su función rectora. Es momento de definir con precisión qué debe hacer cada uno».
Federalismo sanitario y financiamiento
Desde su experiencia como exministro, Javier Vilosio subrayó la necesidad de una mayor responsabilidad provincial y de una discusión de fondo sobre el financiamiento: «Las jurisdicciones deberían asumir responsabilidades que hoy, en muchos casos, no se ven. Otras siguen pendientes de los recursos que reciben de la Nación, porque con fondos propios apenas pueden pagar salarios», dijo y consideró que «la discusión sobre la coparticipación sigue siendo un tabú: sin financiamiento no hay posibilidad de construir un sistema de salud sólido».
Vilosio destacó además la importancia de la evaluación de tecnologías sanitarias y dijo que
«es central evitar la dispersión de agencias. Lo ideal sería una autoridad nacional única y centralizada, pero si eso no sucede, cada jurisdicción avanzará por su cuenta, y eso genera inequidades». En cuatro al deterioro del sistema advirtió: «El sistema está quebrado y no tiene futuro si sigue así. Un problema serio es que, por distintos motivos, quienes pueden evitar el hospital público lo hacen; debe volver a ser una opción deseable para la población. Mejorar la calidad de la oferta pública es vital».
Por su parte, Gabriel Battistella planteó la necesidad de revisar las competencias de cada nivel del Estado: y explicó que «nuestra Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar la salud de todas las personas. Sin embargo, la Ley de Ministerios habla de “entender” en materia de salud, y eso marca una diferencia. Hay competencias no delimitadas, y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos atribuciones que otras jurisdicciones no poseen, como la regulación y fiscalización de los efectores sanitarios. Eso plantea un problema de gobernanza sobre el sistema público».
Sobre el rol del COFESA, destacó su funcionamiento durante la pandemia: «En ese contexto, el COFESA fue fundamental. Se consensuaron políticas y se alinearon estrategias; de no haber sido así, los resultados habrían sido nefastos. Se trabajó en el consenso, y aunque somos un país federal, en ese momento se respetaron las decisiones colectivas. Eso permitió resultados mejores y una rectoría nacional efectiva».
Rectoría estatal y el nuevo COFESA
Pablo Yedlin coincidió en la centralidad del Estado como garante del derecho a la salud:
«La Constitución es clara: la salud es un derecho, y el Estado es su garante. No hay que discutirlo más: el Estado debe estar presente de manera fuerte en salud. Escuchamos a veces ideas que ponen esto en duda, como si pudiéramos prescindir del Estado o dejar que cada provincia se organice sola. Pero sin rectoría estatal, se multiplican los problemas y las desigualdades».
Yedlin explicó que en el Congreso se debate la creación de un nuevo Consejo Federal de Salud (COFESA) con estructura ampliada:
«Propusimos un COFESA más participativo, similar al Consejo Federal de Educación, con un Comité Ejecutivo de ministros provinciales y un Consejo Ampliado que incluya universidades, obras sociales, gremios y prestadores. El actual COFESA representa sobre todo a los sistemas públicos provinciales y deja fuera a una parte importante de la población que se atiende en otros subsectores».
Finalmente, subrayó que la rectoría nacional es irrenunciable: «No podemos tener provincias aplicando políticas sanitarias esenciales con criterios distintos. Los programas nacionales, como el de Inmunizaciones, muestran que la rectoría puede funcionar: la Nación compra todas las vacunas, define el calendario y garantiza equidad. Esa es la dirección que debemos sostener».
Articulación y fortalecimiento provincial
En la misma línea, Carlos Funes, presidente de COSSPRA, destacó los avances en la articulación entre los sistemas provinciales y celebró: «afortunadamente, hoy estamos mucho más integrados, empezamos a reunirnos, a dialogar con los ministros y a construir espacios comunes. Los gobernadores también están empezando a involucrarse, porque entienden que el sistema de salud impacta en toda la gestión provincial».
Funes sostuvo que ese cambio de enfoque es clave para consolidar el federalismo sanitario y subrayó que «ya no se trata de competir por quién llega primero al gobernador, sino de sentarnos a construir juntos. Eso fortalece la rectoría provincial y nos permite articular con la Nación desde un lugar de mayor protagonismo».
Cerró el debate Daniel Maceira, quien propuso avanzar sobre los consensos pendientes:
«Deberíamos dejar de hablar de los temas en los que ya estamos de acuerdo -que la salud es un derecho, que la Nación tiene un rol rector, que las vacunas deben garantizarse de forma centralizada- y enfocarnos en cómo hacerlo posible», dijo y subrayó que un punto central es avanzar hacia modelos provinciales integrados de salud. «Los ministerios y las obras sociales provinciales, si coordinan su financiamiento y políticas, pueden definir reglas de juego para todo el sistema, público y privado» y advirtió que .junto con el PAMI, son los principales compradores de servicios, y si logran alinearse, «se genera un efecto de coordinación que mejora la eficiencia y amplía la capacidad regulatoria. Ese es el camino hacia un sistema más articulado y sostenible».
