Fue en el marco de este espacio realizado bajo el nombre “Cómo construimos la salud del futuro”, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que Fernando Avellaneda compartió su visión, como presidente del COSSPRA y del IPSS Tucumán, sobre “Cobertura Universal y Acceso a la Innovación”. Lo hizo junto con David Aruachan, gerente general de la SSS, quién dio su punto de vista, ambos coordinados por Rubén Torres, director de IPEGSA.
Torres inició el intercambio contando que en el II Congreso Nacional del COSSPRA, realizado el 13 y 14 de octubre, escuchó al presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociale Provinciales de la República Argentina dar las cifras del gasto promedio en medicamentos que tienen las obras sociales provinciales, que en su totalidad dan cobertura en salud a más de 7 millones de personas. El referente en salud, le consultó entonces a Fernando Avellaneda, sobre el alcance de esa realidad.
El funcionario nacional, por su parte, retomó la pregunta explicando que desde el punto de vista de las características de este sistema sanitario, las obras sociales provinciales se rigen
por 24 leyes, ya que cada una tiene la suya. “Pero lo que está claro hoy, es que en los últimos años el ingreso real de los trabajadores de las provincias ha disminuido, por lo tanto la capacidad de cobertura”.
Avellaneda confirmó que la inversión en medicamentos de las obras sociales provinciales, en promedio, alcanza el 36%; aunque destacó que en 2015 era inferior al 20%. “¿A quién perjudica esto? A los prestadores, entre otros, porque ha medida que ese presupuesto crece imposibilita otras inversiones, como la capacitación del recurso humano. Cuando la innovación entra de un modo no consensuado va en detrimento de otras acciones. Un ejemplo: si esto impide un programa en contra del papiloma humano, la gente perjudicada es mucha más”, advirtió.
El referente nacional subrayó que las provincias deben dar el paso, aunque guiadas por políticas nacionales que impulsen y marquen un camino conjunto. “Uno de los desafíos que tenemos en todo el país es ir trabajando en forma coordinada la seguridad social provincial con sus Ministerios, además de incorporar un modelo de atención basado en el primer nivel de la salud, que sea obligatorio en la seguridad social provincial. En esta forma de integración tienen que estar todos los actores, sin importar el subsector”, detalló.
Rubén Torres, relacionó el tema de la legislación que mencionó Avellaneda con el Plan Médico Obligatorio y el trabajo que están haciendo tanto desde la Superintendencia de Servicios de Salud como desde el Ministerio.
Aruachan, al respecto, describió cómo en plena pandemia empezaron a ver la posibilidad de desarrollar una canasta básica de servicios, con su respectivo impacto presupuestario y trabajo político. “Articulamos con el Ministerio para realizar este proceso y hoy estamos prácticamente en la etapa final de desarrollo de una canasta básica que será una herramienta de compra estratégica e integradora de los subsistemas; la pensamos como una herramienta con fuerza de ley, estamos trabajando en el legislativo y en una mesa de consenso político. La premisa básica es que no se deben recortar derechos”, dijo.
Torres también le pidió al referente de la SSS, que defina en un minuto el estado de las obras sociales nacionales. “Muy complejo”, sintetizó Aruachan. Y agregó: “La recaudación no acompaña el gasto. Lo que veníamos observando es que la estructura sindical financiaba la estructura, pero eso se profundizó. Hoy estamos parados en el peor momento de la seguridad social, el fondo no alcanza a recaudar el dinero suficiente para los subsidios automáticos y reintegros por SUM. Creemos que el año que viene va a ser peor y si no hay una decisión política que destine recursos genuinos, se transformará en un seguro para financiar discapacidad”.
El director de IPEGSA le preguntó entonces a Avellaneda “por qué y para qué hay que hacer una reforma”.
El presidente del COSSPRA retomó lo dicho por el gerente de la SSS y explicó que las obras sociales provinciales no tienen reintegro de ningún tipo y que llegan a fin de año con balances negativos. No suelen tener apoyo de las provincias, porque cada una cuenta con un presupuesto asignado y es ese el que debe ejecutarse. El costo de discapacidad, para las OSP, supera el 6%,
“Pero mi mirada es optimista”, dijo. Luego argumentó: “Porque no nos queda otra, no hay otra posibilidad, los acuerdos de trabajo conjunto, de negociaciones, tienen que empezar por las provincias; pero el Ministerio tiene que marcar líneas de trabajo. Porque el RRHH, depende de las decisiones nacionales. El esfuerzo es sentarnos a dialogar y trabajar en forma conjunta. Debemos ponernos de acuerdo, no creo que ninguno quiera eludir la responsabilidad de hacerlo. Necesita financiamiento y la presencia de todos los actores”, concluyó.