El accidente cerebrovascular (ACV) isquémico constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad en la Argentina. Frente a este desafío, distintas provincias comenzaron a desplegar políticas sanitarias activas orientadas a la conformación de redes integradas de atención, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno al diagnóstico y al tratamiento, independientemente del lugar de residencia o del tipo de cobertura.
Mendoza, Salta y Chaco son tres ejemplos de cómo la organización en red, la articulación público-privada, la telemedicina y la educación comunitaria se convierten en herramientas centrales para reducir secuelas, discapacidad y mortalidad.
Mendoza: llegar a tiempo como política sanitaria
Desde Mendoza, el presidente de COSSPRA y director general de OSEP, Carlos Funes, subrayó que el punto de inflexión fue comprender que la eficacia del tratamiento depende, ante todo, del tiempo y en este sentido afirmó que «la medicación es fantástica, pero no sirve de nada si no llegamos a tiempo”.
En ese sentido, Funes destacó que la geografía mendocina facilitó el desarrollo de una red territorialmente integrada. “La provincia permite que, desde la mayoría de los lugares, en una hora y media o dos se pueda llegar a un hospital de mayor complejidad”, señaló, y remarcó el rol central del sistema prehospitalario. Para el presidente de OSEP, la clave está en que el ciudadano común pueda identificar los síntomas de un ACV y activar rápidamente el sistema de emergencias, de modo que el paciente llegue dentro de la ventana terapéutica.
La incorporación de la telemedicina fue otro de los pilares del modelo mendocino. “Hoy no necesitamos esperar al mejor neurólogo en el lugar: las imágenes se pueden evaluar a distancia y tomar decisiones en tiempo real”, explicó Funes. Esa estrategia, afirmó, permitió acortar tiempos críticos y optimizar recursos especializados escasos.
El impacto de esta organización se refleja también en historias concretas. Funes relató el caso de un médico anestesiólogo afiliado a OSEP que reconoció los síntomas de inmediato y accedió rápidamente al tratamiento. “Contaba cómo, a medida que entraba la medicación, lo que se le iba durmiendo se le iba despertando”, recordó, como ejemplo del valor de una red que funciona.
Más allá de lo clínico, el titular de OSEP insistió en la necesidad de integrar al sector público y privado. “No veo otra forma que no sea integrar los sectores y asignar bien los recursos”, afirmó, y agregó que una atención oportuna no solo mejora la calidad de vida del paciente, sino que reduce costos a largo plazo para el sistema, al facilitar una reinserción laboral más rápida y evitar gastos prolongados por discapacidad.
Salta: digitalización, equidad y trabajo en red
En Salta, la implementación de la Red Provincial de ACV estuvo atravesada por fuertes desafíos geográficos y por la escasez de especialistas. Gabriela Orzuza, coordinadora de la Red de ACV de la provincia, explicó que el sistema llegó a una meseta cuando el abordaje se limitaba al hospital de referencia. “Entendimos que no podíamos seguir mejorando si no trabajamos con el prehospitalario y con el seguimiento posterior”, señaló.
Uno de los pilares del modelo salteño fue la digitalización de la historia clínica. “Comenzamos con una trayectoria clínica única que nos permite acceder a la información del paciente desde cualquier rincón de la provincia”, explicó Orzuza, y destacó que este avance fue clave para garantizar equidad en territorios con grandes distancias y barreras de acceso.
Frente a la falta de neurólogos, la provincia apostó a la telemedicina y a la capacitación de los equipos locales y advirtió que “si no hacíamos este sistema, estábamos sentenciando a los pacientes solo por el lugar donde viven”.
Los resultados comenzaron a ser visibles: la provincia logró incrementar de manera significativa la cantidad de pacientes reperfundidos. “Pasamos de cuatro trombolisis mensuales a once en un solo mes, alcanzando una tasa de reperfusión del 40% en un hospital público del norte del país”, destacó Orzuza, y señaló que, junto a estos logros, persisten desafíos vinculados a infraestructura y renovación tecnológica.
Chaco: decisión política y accesibilidad territorial
Desde Chaco, el ministro de Salud Sergio Rodríguez planteó que la construcción de redes exige, ante todo, decisión política y un cambio de paradigma. “La salud no es pública o privada, la salud es de la gente” afirmó al explicar por qué la provincia dejó de denominarse Ministerio de Salud Pública para pasar a ser Ministerio de Salud.
Rodríguez describió una realidad marcada por fuertes desigualdades territoriales y una limitada disponibilidad tecnológica. “Tenemos 800 mil personas de población objetivo y solo tres tomógrafos en toda la provincia. Eso no es accesibilidad”, señaló.
Ante este escenario, Chaco avanza en modelos de articulación público-privada para la instalación de equipamiento estratégico y el fortalecimiento de la telemedicina. “El aporte privado es fundamental para instalar y mantener los equipos, y el Estado debe garantizar la sostenibilidad y el acceso”, explicó el ministro.
Para Rodríguez, uno de los principales desafíos es dejar de concebir la salud como un gasto. “No es un gasto, es una inversión”, sostuvo, y remarcó que la atención oportuna de un ACV permite preservar productividad, autonomía y calidad de vida. En este sentido, reflexionó que “una persona que no llega a tiempo puede sobrevivir, pero queda irrecuperable para su familia y para la sociedad”..
Un mismo objetivo, distintas realidades
Las experiencias de Mendoza, Salta y Chaco muestran que, aun en contextos muy diferentes, la organización en redes de atención del ACV isquémico se consolida como una política sanitaria concreta, capaz de reducir inequidades y mejorar resultados.
Integración de sectores, uso estratégico de la tecnología, fortalecimiento del primer contacto con el sistema de salud y decisión política aparecen como ejes comunes de un enfoque que comienza a consolidarse desde las provincias hacia un verdadero federalismo sanitario en acción.
