Por Jean Pierre Ganchegui
Gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud
Desde su creación por decreto el año pasado, el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) demuestra que es posible pensar soluciones innovadoras que resuelvan conflictos de salud antes de que escalen a la judicialización. A poco más de cinco meses de su implementación los resultados permiten afirmar que el modelo funciona.
Al 26 de enero se iniciaron 246 mediaciones en el marco de PROMESA. Si consideramos que el sistema tiene apenas cinco meses y medio de funcionamiento, el número resulta auspicioso. Más aún es su evolución: a partir de noviembre se produjo un crecimiento exponencial, señal de que el mecanismo comienza a instalarse como alternativa real para los beneficiarios y a difundirse por el boca en boca, incluso antes del lanzamiento formal de las campañas de difusión que estamos terminando de diseñar.
Decidimos no apresurarnos. Desde el inicio entendimos que antes de desplegar una campaña masiva debíamos consolidar el sistema. Hoy estamos listos para dar ese paso.
Pero los números iniciales son sólo una parte del análisis, lo verdaderamente relevante es cómo funciona. De las 246 mediaciones iniciadas, 208 ya fueron cerradas. Y de esas, 171 concluyeron con acuerdo. Esto representa un 69,51% de acuerdos sobre mediaciones cerradas, un indicador que supera ampliamente los estándares habituales de conflictos en salud. En el primer mes y medio estábamos en torno al 38 o 39% y ya lo considerábamos alentador. Hoy, alcanzar casi el 70% confirma que el sistema está cumpliendo su objetivo.
Otro aspecto destacable es la duración: el promedio es de 22 días, con una mediana de 19. Es decir, menos de un mes en días hábiles para resolver conflictos vinculados con la cobertura de salud. En un ámbito donde la respuesta tradicional era el amparo judicial -con plazos inciertos que podían demorar meses o años y un alto costo sistémico- este cambio resulta estructural.
La participación técnica del Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, también resulta significativa. Interviene en aproximadamente el 14,6% de las mediaciones, y cuando lo hace, la tasa de acuerdos asciende al 80%. Esto demuestra que el aporte técnico, el conocimiento sanitario y la capacidad de articulación estatal fortalecen el proceso y facilitan soluciones.
Además, el nivel de comparecencia es alto y las incomparecencias injustificadas son mínimas, un dato que habla de un sistema que genera confianza y compromiso por parte de los actores involucrados.
PROMESA es joven. Como toda política pública en construcción, requiere ajustes permanentes. En este sentido, estamos ampliando nuestro laboratorio de medición, cruzando información con la Dirección Nacional de Mediación y perfeccionando el tablero de control. Todo debe ser medible. Sin datos confiables no hay mejora institucional posible. Y hoy podemos afirmar que los datos son sólidos y alentadores.
Algunos podrían interpretar que PROMESA nació para reducir la judicialización en salud, pero no es así. En realidad, la reducción del litigio no es el fin en sí mismo: es la consecuencia natural de un sistema que responde a tiempo. PROMESA no fue concebido como un mecanismo para “bajar litigios”; si eso ocurre -y seguramente ocurrirá como consecuencia indirecta- será un efecto colateral positivo. Pero PROMESA fue pensado para algo más profundo: otorgar cobertura efectiva y resolver problemas concretos de las personas.
En definitiva, cuando los conflictos se resuelven antes, el amparo deja de ser el canal ordinario
La puerta de entrada al derecho a la salud no puede ser un tribunal de justicia. La salud debe garantizarse desde el sistema sanitario. Y un sistema sanitario sólido es aquel que gestiona sus tensiones íntegramente con herramientas ágiles, técnicas y dialogadas.
PROMESA no solo resuelve casos en menos de un mes. También genera información estratégica; PROMESA es, en esencia, una fuente de conocimiento para la política sanitaria: nos permite entender dónde están los conflictos, qué tipos de prestaciones se reclaman y cómo responder de manera más eficiente. Esta inteligencia aplicada permite corregir fallas antes de que se transformen en litigios.
Pero, por encima de cualquier indicador, lo central es volver a poner en el centro a las personas. Cada mediación iniciada no es un expediente; es una necesidad concreta que requiere respuesta oportuna. Cuando el acceso se resuelve en semanas y no en años, el derecho deja de ser declarativo y se vuelve efectivo.
Estamos frente a una política pública que no es coyuntural ni experimental. Es un modelo que llegó para quedarse, porque responde a una necesidad estructural: garantizar acceso real, reglas claras y tiempos breves.
Resolver antes es respetar mejor el derecho a la salud. Y ese es el estándar al que debemos aspirar.
