En el marco del IV Congreso Nacional de COSSPRA, Juan Pierre Ganchegui, gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, disertó sobre el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una herramienta reciente destinada a abordar los conflictos sanitarios antes de su judicialización.
Al presentar los antecedentes de la iniciativa, Ganchegui señaló que su origen está en la “pobreza en métodos legislativos de resolución de conflictos en materia sanitaria: no existía ningún instrumento jurídico para que una persona sin acceso a la salud encontrara un lugar para dialogar y resolverlo”.
Explicó que la propuesta nació de “una necesidad urgente y la convicción de que esa urgencia tenía que ser provista de elementos suficientes para tener un impacto seguro en breve tiempo y se pudiera modificar el paradigma del acceso a la cobertura de salud a través del Poder Judicial, o sea un disparate”.
El decreto que dio vida al PROMESA, indicó, debe entenderse “no como una excepción sino como una respuesta institucional frente a un vacío por incompetencia de las autoridades, defección o abandono”.
En ese sentido, advirtió que “la judicialización se convirtió en la puerta de entrada del acceso a la salud. Las leyes son magníficas, pero deben tener coherencia con todo un ordenamiento y un mecanismo de sostén financiero”.
Ganchegui precisó que actualmente “hay activos 10.900 procesos de amparos de salud” y destacó un dato revelador: “En más del 90% de los casos no se discuten derechos ya reconocidos por las leyes. Nos interpela como sociedad preguntarnos para qué dictamos leyes que vamos a incumplir”.
A su vez, alertó sobre las consecuencias del fenómeno: “La judicialización se convirtió en forma ordinaria de tener acceso a la salud, con consecuencias muy claras. Se incrementaron los costos de toda la estructura sanitaria para usuarios y financiadores y se erosionó la función del amparo de salud, que es una vía excepcional y rápida para restablecer la violación de garantías constitucionales”.
En cuanto al funcionamiento del nuevo mecanismo, explicó que cuando un caso ingresa a PROMESA “el Ministerio de Salud y el de Justicia actúan conjuntamente. Se sortea un mediador, que tiene 48 horas para fijar una audiencia dentro de los cinco días, y se contempla algo novedoso: la comparecencia del Estado nacional”.
“Y agregamos algo más -detalló-: otorgamos la posibilidad de que el juez entienda que ese caso puede ir a PROMESA sin que ello retrograde en el amparo. Las medidas cautelares dictadas siguen vigentes”. Según informó, ya hay numerosos casos derivados por la justicia federal.
El procedimiento lleva apenas dos meses de implementación, durante los cuales se formaron 600 mediadores mediante cursos de capacitación. “Actualmente hay 77 procedimientos en proceso: de cada diez, tres tienen acuerdo, dos no y cinco continúan en curso” dijo y concluyó: “Propongo una nueva gobernanza para la salud en la Argentina, los invito al desafío”.
