Por: David Aruachan, Director General en SASS Servicios en Salud
La presión del gasto en salud crece año a año, impulsada por medicamentos de muy alto costo y tecnologías que, aunque transformadoras, desafían la sustentabilidad financiera. El sistema argentino, organizado en tres subsectores -público, seguridad social y privado-, refleja con crudeza estas tensiones: fragmentación, inequidades y dificultades crecientes para garantizar el acceso oportuno y de calidad.
En este contexto, no solo las Obras Sociales Provinciales (OSP) enfrentan dilemas financieros; también lo hacen las obras sociales nacionales, el PAMI, el subsector público y la medicina prepaga. Los ingresos atados a salarios deteriorados, la inflación y la ausencia de fondos compensatorios interjurisdiccionales se combinan con la presión de nuevas demandas sanitarias y un gasto privado que ya supera el 40% del total.
Frente a este escenario, tres herramientas aparecen como inmediatas para todos los financiadores:
- Fondos de riesgo compartido con la industria para medicamentos de altísimo precio.
- Contratos basados en valor, que vinculen pago con resultados verificables.
- Un fondo catastrófico con reglas claras, que evite que unos pocos casos desestabilicen presupuestos enteros.
En el mediano plazo, es imprescindible avanzar en la delimitación explícita de un Plan de Beneficios en Salud, que reemplace al actual PMO como catálogo difuso y judicializado. Esto exige evaluar tecnologías con criterios de evidencia y costo-efectividad, definir prioridades y transparentar qué prestaciones deben financiarse solidariamente y cuáles requieren esquemas específicos.
Pero pensar solo en financiamiento sería un error. El desafío también es de gestión. Modelos de atención basados en la atención primaria, la integración de redes y la digitalización con auditoría en tiempo real pueden mejorar resultados y eficiencia. Se trata no solo de más recursos, sino de utilizarlos mejor.
La segunda gran pregunta es cómo reducir la fragmentación y mejorar la equidad. Hoy conviven obras sociales nacionales y provinciales, PAMI, prepagas y programas públicos, en una arquitectura caótica que reproduce desigualdades territoriales y ocupacionales. Provincias con recursos limitados enfrentan realidades muy distintas de aquellas con mayor capacidad financiera.
La respuesta más realista pasa por un federalismo sanitario cooperativo:
- Fondos compensatorios que reduzcan brechas entre jurisdicciones.
- Compras conjuntas de medicamentos y tecnologías de alto costo.
- Integración de redes públicas y privadas, con reglas claras de acceso y financiamiento.
- Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para sostener la legitimidad social del sistema.
El lugar de residencia no debería determinar el acceso a una prestación básica. Integrar no es centralizar, sino acordar reglas comunes que hagan posible la solidaridad y la sostenibilidad en un sistema que representa más del 10% del PIB.
El desafío es enorme, pero también una oportunidad. Si logramos combinar innovación financiera, gestión eficiente e integración federal, podremos sostener el principio solidario que dio origen a nuestro sistema y responder a las demandas de una sociedad que ya no acepta inequidades que se traduzcan en vidas y oportunidades perdidas.
