Representantes de las Obras Sociales Provinciales participaron de una reunión convocada por Alejandro Sonis, director nacional de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, para conocer los avances de la herramienta MAPA – Medicamentos de Alto Impacto Argentino.
La actividad, impulsada desde la cartera de Salud, tuvo como eje el intercambio de información y experiencias sobre precios y compras públicas de medicamentos, un tema estratégico para el sistema de salud y el financiamiento de las obras sociales provinciales.
«Llamamos MAPA -Medicamentos de Alto Impacto Argentino- a esta herramienta que funciona como una brújula para la gestión informada de precios», explicó Sonis. Y añadió que «su objetivo es reducir las asimetrías de información entre la industria farmacéutica y los distintos financiadores, brindando evidencia concreta para la toma de decisiones en políticas de medicamentos y acceso equitativo a tratamientos de alto costo».
El director nacional detalló que el proyecto comenzó como una prueba piloto con 23 principios activos priorizados según tres criterios: medicamentos evaluados por CONETEC, incluidos en amparos judiciales o presentes en los programas SUR. «Aquellos que cumplían con al menos dos de esos tres criterios fueron incorporados al MAPA, alcanzando un total de 53 principios activos. A partir de allí, trabajamos dos líneas principales: los precios de adquisición -a los que denominamos Precio Único de Adquisición (PUA)- y los precios comerciales o de venta al público», explicó.
El análisis utiliza parámetros internacionales, como la Dosis Diaria Definida (DDD) de la Organización Mundial de la Salud, expresada en moneda local y en dólares, para facilitar la comparación entre países. «En la fase piloto logramos reunir datos de 24 países con 27 bases públicas de información. Comparamos precios institucionales de Argentina, Chile, Brasil, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Colombia, y avanzamos en precios comerciales de 26 países», señaló Sonis.
Luego de la validación institucional, el proyecto ingresó en una segunda fase de escalamiento, que amplió el análisis a 49 principios activos y 161 presentaciones, incorporando datos de compras públicas de las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, así como del PAMI y de los Fondo Estratégico y Rotatorio de la OPS.
«Hoy contamos con 42 bases de datos, y cargamos información desde 2019 hasta la actualidad», precisó Sonis, y detalló que el ministerio «trabaja con fuentes públicas como el portal COMPRAR, el Banco de Precios de Brasil, el Cenabast de Chile y registros provinciales, lo que nos permite construir una herramienta comparativa sólida y transparente».
Entre los desafíos pendientes, Sonis mencionó la armonización de las fuentes de información entre países y la necesidad de automatizar la carga de datos, que actualmente se realiza de forma manual. «Nuestro objetivo es sistematizar los procesos y sumar nuevas fuentes, incluyendo precios históricos. También queremos fortalecer la participación de las jurisdicciones provinciales para que el MAPA sea una herramienta realmente federal», subrayó.
En ese sentido, explicó que el Ministerio está analizando las diferencias entre las compras directas a laboratorios y las realizadas a través de droguerías: «En el caso del Ministerio, la decisión institucional es avanzar en adquisiciones directas a laboratorios. Sin embargo, observamos que la mayoría de las provincias compra a droguerías, y queremos generar evidencia que permita comparar. En muchos casos, comprar a través de una droguería puede implicar un costo entre 30 y 40% superior al de una compra directa», detalló el funcionario.
«Nuestra intención -agregó- es que los precios del Ministerio puedan compartirse públicamente, sin inconvenientes, y que las jurisdicciones puedan sumarse a esta base común» y añadió que «la idea es que las obras sociales provinciales se incorporen y aporten su información de consumo y precios, para construir una base federal que sirva a todos los financiadores del sistema».
El presidente de COSSPRA, Carlos Funes, destacó la importancia del encuentro y de la participación activa de las jurisdicciones y sostuvo que «el objetivo es encontrar mejores caminos en el gasto de nuestras obras sociales provinciales, y la variable central son los medicamentos. Todo lo que contribuya a mejorar la eficiencia del gasto y el acceso de los afiliados debe ser aprovechado y creo que todos nosotros podemos formar parte de esta fuente de información, sumando el consumo que tenemos en medicamentos de todo tipo».
La reunión reafirmó el compromiso de COSSPRA y del Ministerio de Salud de la Nación en la construcción de herramientas basadas en evidencia y cooperación interjurisdiccional, orientadas a optimizar el gasto público y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos en todo el país.
