Descargá la presentación Pablo Macadam
Descargá la presentación Javier Vilosio
Descargá la presentación Daniel Maceira
En la mesa sobre Seguros Provinciales que se llevó a cabo en el IV Congreso de COSSPRA, en Salta, Claudia Ortiz, administradora de la Obra Social Provincial (APOS) de La Rioja, fue la moderadora que abrió el debate.
“Los seguros provinciales son un subsistema único. No tenemos una competencia comercial porque nuestros afiliados son forzosos. Y es un sistema solidario. Pero nuestra fortaleza es estar atados al salario, que ha caído y está muy fragmentado o es no remunerativo. Tenemos un ingreso per cápita de 25.000 pesos, que es bajísimo. Pero las obras sociales provinciales somos muy fuertes en el territorio y nos tenemos que animar a ser disruptivos”, definió.
Luego, Pablo Macadam, presidente del ISSyS de Chubut, explicó que desde un seguro provincial de salud “se busca equidad, eficiencia, calidad, sostenibilidad y gobernanza. Vale la pena avanzar con un padrón nominal y trazabilidad de los asegurados, una canasta explícita sobre qué cubrir y a quién, una fuente estable de financiamiento, una capacidad de compra con una unidad que audite, datos, un marco legal definido, acuerdos laborales y con prestadores y la gestión de la farmacoterapia”.
“Hay varios diseños posibles de seguros provinciales, como obligatorios u optativos. Lo importante es tener gobernanza y regulación clara de entrada, reglas de portabilidad y separación de funciones”, remarcó.
Macadam dijo que en Chubut están inmersos en un “trabajo de mejora, con un mandato claro del gobernador respecto de la prioridad en la eficiencia en el uso de los recursos”.
Como desafíos, mencionó equiparar los niveles de cobertura entre subsectores; nivelar hacia arriba la calidad de servicio y comunicar claramente para lograr niveles de consenso que faciliten el desarrollo de un seguro provincial. “La política define si es posible implementarlo y cuándo”, concluyó.
Posteriormente, fue el turno de Javier Vilosio, ex ministro de Salud en Río Negro. “Logramos que el Seguro provincial de salud se aprobara sobre fines de 1999. Nos llevó cuatro años de trabajar en grupos en base a cinco grandes ejes temáticos para lo que convocamos a sindicatos, oposición, prestadores privados y a ONGs”, recordó.
Los objetivos eran proveer de cobertura de salud a todos los rionegrinos sin acceso a seguridad social, hacer eficiente la asignación de recursos y poner en marcha una nueva forma de financiamiento de una red público-privada.
Había un conjunto de reformas que tenían que acompañar este seguro para asegurar la autonomía y la capacidad de gestión local en cada prestador público. Se iba a financiar con rentas generales, recursos provenientes de convenios y un fondo permanente para gastos extraordinarios de prestaciones de alta complejidad.
“Teníamos un 38,8% de la población sin cobertura, sobre un total de 506.772 habitantes. Habíamos pensado en tres modalidades de pago, según el nivel de atención. Y un plazo de dos años para implementarlo, con adaptación progresiva de hospitales y prestadores”, indicó.
Sin embargo, la ley nunca se reglamentó. “Es un proceso complejo, pero hoy hay herramientas tecnológicas que no existían en ese momento. Nosotros lo hicimos con lo que teníamos, así que se puede hacer ahora si hay decisión”, remarcó.
A continuación, Ricardo Pickensteiner, ministro de Salud de Córdoba, comentó que el seguro de salud provincial ya está vigente en esa jurisdicción. “Pero no existe el concepto del seguro de salud, que nace sobre una pauta presupuestaria sobre la cual se construye el menú de prestaciones básicas. No hay dinero que pague lo que todos consideramos nuestra concepción propia de salud. Pasar a un modelo presupuestario desde el cual se planifique es otro paradigma diferente”.
“Los sistemas con seguros provocan colas: no tiene que haber inflación para que sobrevivan. Hoy tenemos lo opuesto, primero porque la Constitución dice otra cosa. Segundo, porque todos los planes de salud tienen una acotación presupuestaria. Y el tercer elemento es la fragmentación del financiamiento del sistema”, alertó.
En algunos sistemas de seguros de salud ni el tratamiento de adicciones ni patologías de salud mental están incluidas. “Como el modelo es tan diferente de lo que tenemos, probablemente -reconoció- podamos ir construyendo las bases para que parte de la población tenga el seguro provincial de salud, pero sería algo acotado solo a ese grupo. Hay que empezar a discutir formatos alternativos a los que estamos acostumbrados, con una visión presupuestaria responsable”.
Luego, Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza, afirmó que está claro que desde hace décadas la Argentina “no quiere hacer las reformas estructurales que el sistema de salud necesita. Pero se abre una hermosa oportunidad de dar debates para tratar de abordar algunas de esas reformas”.
“La salud está en la Constitución, pero no es un derecho efectivo. En Argentina hay gente en el sistema público que accede a tecnologías que no tiene un canadiense, y otras personas que no acceden a casi nada. Hay obras sociales que construyen hoteles y muchas que no cubren el costo del PMO”, advirtió.
Montero se mostró optimista acerca de qué se puede hacer. “Tenemos que llegar a consensos generales. Por ejemplo, que el financiamiento tiene que ser público si queremos que la salud sea eficiente”, dijo. “Dejemos de discutir si el PMO es grande o chico. Discutamos planes de beneficios explícitos; y hay que tener agencias. La competencia únicamente por precios -marcó- daña la calidad del sistema. Hay que comprar servicios de manera integral: cuanto más integral sea, más motivación tengo en cuidar la salud de los pacientes”.
Por otra parte, señaló que “hay que regular el precio de los medicamentos”. “Comparto que lo de biosimilares es un buen camino, pero no soluciona el problema”, subrayó. “Tenemos que preparar en las provincias equipos para que sepan comprar, pero también priorizar líneas de cuidados. Y necesitamos mecanismos reales de control del Pami y otros financiadores en territorio provincial”, admitió como autocrítica.
Finalmente, Daniel Maceira, Director MBA Salud, UdeSA, e Investigador CONICET, disertó sobre crisis y oportunidades para el desarrollo de soluciones para el sistema de salud. Maceira aseguró que las provincias están teniendo distinta capacidad de gasto y que existe una alta correlación entre el nivel de transferencias nacionales y la pobreza en cada estado.
“En cuanto a Pami, tenemos una papa ardiendo todas las mañanas. La población de más de 65 años aumenta y la obra social más grande del país tiene que cubrir esa necesidad. En la provincia que menos cubre Pami es La Rioja, y donde más cubre es Río Negro”, detalló.
También compartió otros datos: las primeras 4 obras sociales se llevan el 25% de la población; la atención pública de la salud es el 37% del financiamiento de la salud en la Argentina. Hoy las obras sociales representan el 41,2% de la seguridad social.
Al eliminarse el Impuesto país, subir el empleo informal e incrementarse los precios en salud por sobre la inflación general, la situación obliga a ser repensada. “Hay que reformular el sistema sanitario porque el corazón del financiamiento se nos está desarmando”, advirtió.
Propuso, por ejemplo, discutir hubs regionales (extra provinciales), de derivación intermedia, asociados a formación en recursos humanos e inversión en infraestructura. Sería el caso de las unidades de oncopediatría.
Por último, observó que la IA es una oportunidad para “democratizar el acceso, facilitar el desarrollo de redes sanitarias racionales y eficaces y armonizar el flujo de información del sistema”.
