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En la mesa que tuvo como eje el Seguro nacional para medicamentos de altísimo precio, durante el IV Congreso de COSSPRA, en Salta, la primera exposición fue Carlos Zamparolo, subdirector ejecutivo de PAMI.
“El Pami tiene 1619 amparos activos de medicamentos de altísimo costo. En agosto ingresaron 65 con gasto mayor a 100 millones de pesos por afiliado. Algo está mal. Debemos fortalecer lo que está bien (como el convenio de precio Pami desde 2018) y corregir lo demás. Sin el convenio el costo sería de 23,7 millones de pesos por afiliado. Y es de 8,1 millón”, diferenció.
Antes de pensar en un seguro de salud, se debe mirar qué autoriza el sistema. “Hay muchos proyectos de ley, pero primero tenemos que pensar qué se autoriza antes de ver qué vamos a cubrir con un seguro que no sabemos quién va a pagar”, advirtió.
Claudio Stivelman, Gerente General de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), recogió el guante y planteó que hay tres subsistemas que coexisten: el nacional, el provincial y el municipal en la cobertura pública, más la seguridad social y la privada. Pero hay 10 millones de personas con doble cobertura.
“Hay que buscar mecanismos que permitan la sustentabilidad del sistema. Desde la Superintendencia encontramos un sistema de salud en decadencia y prácticamente quebrado. Pero estamos reordenando el sistema para alcanzar un mercado más transparente”, dijo el funcionario.
En ese camino, el organismo puso fin a las triangulaciones, dio libertad de elección para los beneficiarios que derivan aportes, eliminó la cautividad durante un año al ingreso, dejó de premiar la ineficiencia y redujo su estructura organizativa. También aplicó multas por incumplimiento, obligó a las prepagas a publicar los valores de planes, redactó una guía de buenas prácticas para los interventores de agentes del seguro de salud y simplificó los procesos de gestión de denuncias de los usuarios.
Con respecto al Fondo Solidario de Redistribución, originalmente pensado para cubrir enfermedades de alto costo, en un 60,98% se destina a prestaciones de discapacidad. Menos del 1% del padrón consume el 9% de los recursos brutos de la SSS.
Stivelman afirmó que ante el aumento de la judicialización de los reclamos de los usuarios, la SSS creó un procedimiento de mediación prejudicial que descongestiona el sistema judicial y permite una solución ágil y efectiva para un acceso más eficiente a las prestaciones médicas.
“La Superintendencia es árbitro y negociador. No aplicamos fondos propios: son de obras sociales que voluntariamente se suben a nuestro programa Sigmac. Se compra de forma directa, a valor de salida de laboratorio y el ahorro acumulado fue de 88.311.376.754 pesos”, subrayó.
Como cierre, recomendó: “Si no hacemos algo con el PMO, no hay seguro que aguante. Además, hay que eficientizar el Fondo Solidario de Distribución y fiscalizar el mecanismo de integración”.
Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de Diputados, tomó la palabra para sostener que es pediatra y sanitarista, profesor universitario y ex ministro de Salud de Tucumán. Desde esa experiencia, marcó las diferencias entre costo, precio y valor de un medicamento, y pronosticó que la tensión en esta materia “va a empeorar”.
“Las enfermedades raras implican la mitad de todo el gasto de medicamento, para un grupo chiquitísimo de población. Por eso aparecieron ideas de generar algún sistema de reaseguro para los financiadores”, indicó.
Hablando de números, estimó que en la Argentina de hoy, “un medicamento de alto precio sería el que por tratamiento anual se ubicaría por arriba de 20.787 dólares, y de 41.574 los de muy alto precio”.
Cuando se alude a un seguro de muy alto precio, manifestó, “se debe antes definir quién lo va a financiar; cuánto y cómo se paga; qué se paga y qué no se paga. La Agencia de Evaluación de Tecnología debería ser el organismo rector. Pero pasa el tiempo y no se concreta. Le dijimos al ministro de Salud que cuente con el apoyo legislativo al respecto”.
“Para hacer el seguro para medicamentos de alto precio, también hay que tener un Anmat potente por ley y un nuevo PMO”, remarcó.
Carlos Funes, presidente de COSSPRA y director general de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP), cerró la mesa con la mirada de la organización.
“COSSPRA está dividida en 5 regiones. Es un orgullo para mí en estos casi dos años ver el país organizado con un objetivo común”, comentó.
Funes marcó que las alternativas planteadas por los panelistas eran similares. “Pero como queremos buscar soluciones a corto plazo, vamos a hablar de cómo podemos hacer para que las obras sociales provinciales puedan compartir los gastos, que sería el primer fondo”, propuso.
“Es importante identificar a las ART, y las picardías de prestadores que facturan a las dos partes. Compartir esos gastos creo que es el mejor fondo que podemos encontrar siendo pragmáticos”, concluyó.
Finalmente, Lisandro Benmaor, presidente del IPS Misiones y vicepresidente de COSSPRA, dio por finalizada la segunda jornada del encuentro y celebró estos dos días de encuentro. “El intercambio que logramos estos dos días de Congreso tiene que continuar para lograr poner en marcha los acuerdos y las coincidencia” dijo, y resaltó la presencia del Ministro de Salud de la Nación y sus pares provinciales, que hicieron, junto con la participación de actores de todo el sector, un evento clave para avanzar en un mejor sistema de salud que brinde respuestas a todos las personas.
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