Así lo destacó el Rector de ISALUD al cerrar el 1er Congreso Nacional de COSSPRA, abordando las “Perspectivas a futuro del sistema de salud”. Fiel a su estilo, comenzó explicando por qué no somos un país con un sistema de salud como el de Inglaterra. “Nos falta decisión política para hacer las cosas que hay que hacer”.

Luego de detallar el gasto en salud per cápita, apuntó a cuáles son los desafíos que hay que enfrentar: “Inconsistencias actuariales, continuidad de los jubilados en las obras sociales, superposición de coberturas, perdida de solidaridad intra institucional, PMO sin garantía financiera, mejora o aparición del sistema público de salud con medición de resultados”.

Mostró la composición promedio del gasto social en América Latina y el Caribe y graficó cómo crecieron los monotributistas respecto a los cotizantes del Sistema Integrado Previsional Argentino y como decreció el trabajo formal. Actualmente, el monotributista de la categoría más alta aporta el 0,72 de su salario y el de la más baja  5,98%. “Es un sistema solidario, pero al revés”, remarcó y agregó que si el número sigue aumentando el sistema de salud es inviable, inconsistente”.

También relató cómo 50 instituciones de la seguridad social concentran al mayor número de afiliados. “Además de estas, hay otras 250 obras sociales nacionales, provinciales, etc., que reúnen al 30% restante. Son insostenibles. Y este es un tema que debiéramos discutir, si debemos seguir teniendo 300 obras sociales”, dijo y destacó que la diferencia entre la recaudación de OSDE y la obra social de técnicos de vuelos es de 1523 versus 330 pesos.

Otro de los focos de su ponencia estuvo puesto en la necesidad de tener un seguro para las enfermedades catastróficas, al que llamó de “segundo piso”. “Las nacionales lo tienen y es el SUR,  que toma el 5%, del 9% que los trabajadores aportan todos los meses. En total, unos 2500 millones de pesos por mes. El 28% de lo que recauda ese fondo va a parar a un sistema que es el de reintegro, por el cual se paga discapacidad. El 23% es para prestaciones de alta complejidad, básicamente medicamentos; y el 50% restante se destina al pago de salarios de los funcionarios y para mecanismos de distribución automática previstos por la ley”.

“El único que para mí tiene una lógica asociada con el riesgo es una asignación de acuerdo a la edad y el sexo de cada beneficiario y se relaciona con el riesgo de enfermar que tienen sus afiliados. Pero la realidad es que el SUMA, SUMAR y SUMARTE se llevan los fondos”, subrayó.

Además explicó que una obra social recibe por un jubilado 835,54 pesos; mientras que el costo del PMO es de 846,72. En ese sentido y con respecto a PAMI advierte: “Uno no puede tener todo los coches que chocan juntos”.

Dijo que nunca escuchó, y le gustaría, a alguien proponer que una familia pueda unificar sus aportes en una sola obra social. En Gran Bretaña y en el País Vasco a la gente “se le da lo que se le tiene que dar”. “Hay que hacer un acuerdo de escasez, pagar por lo que podemos, no por lo que queremos”, enunció.

En cuanto al gasto que representan las enfermedades catastróficas, comentó que fue el primer funcionario público que creó una agencia de evaluación de tecnología en salud, en 2002. “Pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es un plan de salud y saber a dónde vamos. Y esto sirve no sólo para la agencia sino para los recursos humanos, la ANMAT, etc. Una agencia bien hecha y un PMO bien hecho garantizan la optimización de los recursos”, remarcó.

Más tarde, se preguntó en dónde debe estar el sector público y recordó los objetivos por lo que tenemos un sistema de salud: mejorar las condiciones de salud, garantizar acceso y la calidad equitativamente y otorgar protección financiera.

Por último, señaló: “Si quisiéramos mejorar el sistema de salud en el futuro, en vez de pensar en la cuota de la medicina pre paga, deberíamos ver los números de mortalidad. A los países que les va mejor, son a aquellos que tienen menos aseguradoras privadas y médicos de cabecera que controlan la puerta de entrada”.