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Así lo destacó Fernando Avellaneda, interventor del IPSS Tucumán y presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), consultado sobre los principales objetivos en los que trabajará la organización que lidera desde el 11 de septiembre. Trabajar hacia adentro de las Obras Sociales Provinciales en políticas unificadas, que sumen a las políticas sanitarias impulsadas desde el Ministerio nacional; la reciprocidad afiliatoria, el impacto de la inversión en medicamentos, tanto ambulatorios como de alto precio; y el futuro trabajo conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer, son algunos de los aspectos en los que puso énfasis a lo largo de esta entrevista. También habló del impacto que generó la pandemia por COVID-19 en los presupuestos de las obras sociales provinciales. 

– ¿Cuáles son los principales ejes de trabajo sobre los que avanzará COSSPRA en su gestión?

El desafío mayor del Consejo es ir integrándose a las propuestas de políticas sanitarias que hoy tiene el Ministerio de Salud de Nación. Una de las quejas que, en el tiempo, ha tenido nuestra organización es no ser vista desde el Ministerio como un actor a ser convocado, tanto para acuerdos como para acompañar políticas sanitarias que se consideran importantes a nivel de los ministerios nacional o provinciales.

Las obras sociales provinciales somos responsables de brindar cobertura a un porcentaje muy significativo de la población local, recordemos que el 16% de la población del país está cubierta por la seguridad social provincial y uno de cada cuatro habitantes con seguridad social, tiene como seguro de salud una obra social provincial. A pesar de todo esto no se ha logrado la visibilidad deseada por el lado de COSSPRA y la necesidad, por parte de quienes diseñan las políticas sanitarias, de incorporarnos como actores.

Por eso, nuestro reto como COSSPRA es trabajar hacia adentro en políticas unificadas y así acompañar las estrategias sanitarias nacionales. No solo se trata de sumar a través de, por ejemplo, la Comisión Nacional de Tecnologías de Salud (CONETEC) o de la firma de convenios como los generados por Nación, sino también impulsar políticas sanitarias conjuntas, entre las obras sociales provinciales, que permitan ir acompañando ese horizonte que debería tener una visión compartida. La mirada nuestra, de cara a los próximo cinco años, debería ser la misma, o muy parecida, a lo que espera el ministerio de nosotros. Claro que implica mucho trabajo técnico y de consenso político sanitario.

En otro orden de cosas, uno de nuestros grandes objetivos es la reciprocidad afiliatoria. De la mano de la digitalización esperamos alcanzar este desafío que permitirá que cualquier beneficiario de una obra social provincial al salir de su lugar de origen pueda obtener la cobertura en cualquier parte del territorio nacional, sin hacer una serie de trámites engorrosos para obtenerla. Hoy en la aplicación Mi Argentina en Mí Salud aparece qué obra social tenés, y las obras sociales provinciales también aparecen. Esto es porque casi todas las provincias federamos los datos en forma constante con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y eso debería ser suficiente para que las obras sociales provinciales aceptemos la presentación de ese dato para los afiliados sean atendidos.

El trabajo que nos espera es el que queramos, porque una vez que acordemos una cosa, luego vendrá otra y otra más…

– ¿Cuáles son los temas que deberían trabajar y aglutinar hacia adentro del COSSPRA para ser tomados como interlocutores por el Ministerio de Salud Nacional?

En los convenios nacionales con las provincias y las obras sociales provinciales hay muchas líneas: vulnerabilidad, maternidad e infancia, discapacidad, enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestras políticas de cobertura deberían ser muy similares a la de cada Ministerio provincial o a las que poya la cartera nacional, a través de medicamentos o pago de prestaciones.
Una de las cosas más importantes sería poder compartir información. Las obras sociales provinciales, de la mano de la informatización, tenemos hoy disponible información fidedigna y dura para la toma de decisiones propias; pero también poder compartir esa información con el ministerio de salud provincial y nacional, sin lugar a dudas, va a ser una fortaleza para el sistema sanitario.

Avanzar en estas líneas es el primer desafío, después vendrá el de compartir los resultados. Porque ni las obras sociales ni los ministerios tenemos tan claro, cuanto invertimos en cáncer de mama, por dar un ejemplo, eventualmente en detección temprana a través de métodos diagnósticos o en tratamientos, sea quirúrgico o radioterapia, cómo le fue a esa mujer, que sucedió pasados cinco años. Tampoco conocemos los resultados globales provinciales.

Disponer de datos permitirá tomar decisiones y, quizás, surja que algunas cosas se deberían hacer en el subsector público y se pueda determinar cuáles serían.

– Esto desafíos, en parte, ¿se proponen alcanzarlos profundizando la labor del Observatorio de la Seguridad Social Provincial?

Sí, la idea es el observatorio sume, a los datos duros que manejamos hoy, otros dinámicos, que nos ayuden en la toma de decisiones. Es muy importante que contemos con la foto del 2019, sin lugar a dudas; pero es mucho mejor si, además, tengo hoy la filmación de 2020. Es sobre éste último aspecto en el que profundizaremos.

– Considerando el trabajo a realizar hacia adentro del Consejo, con el Observatorio y en relación al vínculo con el Ministerio, ¿qué lugar tendrá el capítulo medicamentos?

Cuando uno mira el impacto global que los medicamentos tienen en los presupuestos de las obras sociales provinciales, en todas supera el 20%, alcanzando casi el 30% en algunos casos. En Tucumán, escala al 24%. Por supuesto, puede verse como gasto o inversión, pero de cualquier modo es lo que destinamos en la materia.

El tema medicamentos es un desafío importante, en el que necesitamos trabajar acompañando las políticas nacionales. Algunas líneas se están abordando desde Nación, vinculadas, por un lado, con lo que es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Están los más puristas, que esperan su creación de la mano de una ley; y estamos los más prácticos, que entendemos a la CONETEC como una herramienta realmente útil, que ha ido profundizando las características técnicas y representaciones institucionales. Como COSSPRA tenemos allí un espacio y lo cierto es que la Comisión fue realizando dictámenes en materia de medicamentos de alto precio.

Además, hay una política que inauguró el Gobierno nacional de generar, a través de la Secretaria de Comercio, un precio anclado en relación a los regionales. Teníamos ejemplos de medicamentos de muy alto precio a un valor que ni siquiera en los países de origen estaba impuesto y acá sí.

Por otro lado, cuando uno mira hacia los biosimilares como salida también hay que tener una política y creo que el Gobierno nacional la ha encarado, aún en medio de la pandemia. No abandonó principios sobre los que, al final del año pasado, declaró que iba a trabajar.

Otro punto es el de los medicamentos ambulatorios y, dentro de este, la problemática de los más usados, los prescriptos para sobre uso, los que no deberían prescribirse más, entre otros aspectos. Lo cierto es que este segmento llega a ser la tercera causa de lo que se conoce como “inflación sanitaria”, esto significa que aún los países que no tienen inflación todos los años deben aumentar el presupuesto para salud.

De la mano de la informatización, hemos apoyado desde COSSPRA la ley de prescripción electrónica y digital porque entendemos que va a ser una herramienta de control para protección del paciente y su bolsillo. Permitirá también que el médico reflexione cuando prescribe medicamentos que incluso se anulan entre ellos. En ese aspecto, el problema es multicausal y tiene a los médicos como uno de los actores, aunque muchas veces los pacientes exigen prescripciones inapropiadas y es ahí donde hay que ir trabajando. Es en todos estos aspectos que COSSPRA tiene que trabajar para asegurar la mejor inversión, no se trata de no gastar.

– COSSPRA debatió en varias oportunidades la necesidad de un seguro para enfermedades catastróficas, ¿es un tema sobre el que avanzarán?

El seguro requiere de un dato muy importante: saber primero qué vamos a cubrir.  Si genero un seguro sin saber cuál es el listado de aquellas prácticas o medicamentos tanto diagnósticos como terapéuticos útiles, así como su costo efectividad, generar un fondo no es posible.

Como en todo el planeta, el mercado de la salud atraviesa, sin distinción, a todas las prácticas sanitarias. Por eso, hay que trabajar primero en la conformación de ese listado que, desde lo socio sanitario, entendemos tiene que sí o sí tener una cobertura a través de un fondo para catastróficas.

Un camino sería ver cómo hacemos para que el Sistema Único de Reintegro (SUR) se acople al resto de la seguridad social que tiene el país; para luego encontrar el modo de que se sumen aquellos habitantes del país que tienen, exclusivamente, la cobertura del Estado. El desafío es a mediano plazo, una vez que tengamos cuál es el coeficiente en cuanto a prácticas diagnósticas y terapéuticas de alto precio, para que sin importar el lugar de nacimiento todos accedan al tratamiento que les corresponde.

– En el marco de la 1era. Asamblea Ordinaria que realizó COSSPRA, en la que fue elegido presidente, habló de trabajar en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Sobre qué aspectos?

Cuando uno conversa con la responsable del Instituto Nacional del Cáncer, Patricia Gallardo, ella muestra varias líneas de trabajo. Una tiene que ver con promoción y prevención; otra con el adecuado ingreso de los pacientes en cuidados paliativos y la tercera con generar guías clínicas que incluyan los análisis de costo eficiencia o efectividad de los tratamientos. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, después de las enfermedades cardiovasculares; entonces, sin lugar a dudas, el INC se fortalece generando políticas institucionales de este tipo.

Por otro lado, las obras sociales provinciales tenemos una deuda en ese sentido, porque hacemos la inversión en el tratamiento y no conocemos los resultados. Debemos transitar este camino para conocer nuestra inversión en salud y cuáles son los resultados. En estos aspectos el Instituto nos puede acompañar mucho, tanto mediante apoyo técnico como a través de políticas que podamos implementar.

– Yendo al contexto actual de pandemia por COVID-19, ¿se puede establecer el impacto en los presupuestos de las obras sociales provinciales y cómo afecta la capacidad de financiamiento?

Con respecto a la pandemia en algunas provincias el ministerio local tomó la batuta y, entonces, la decisión fue que los pacientes con COVID se internen en el ámbito público, si bien se compran camas en el privado. Pero es la cartera local quien dictamina qué hacer y está bien, porque es quien debe marcar las reglas.

Las obras sociales provinciales tenemos que acompañar de acuerdo con el rol que nos hayan asignado. Desde el punto de vista financiero sostener lo que implica el aumento del costo de la atención de estos pacientes es muy difícil, porque nuestros aportes y contribuciones no tienen previsto situaciones extraordinarias, están ligados a los incrementos que haya sufrido el salario de los trabajadores y en un año como este no se han generado aumentos. Eso impacta en la seguridad social provincial que no tiene un incremento para afrontar esta situación.

Todos hemos tenido que sentarnos con nuestras áreas de economía o hacienda con el fin de acordar alguna posibilidad de auxilio financiero para abordar los problemas, sino los equipos de protección personal tendrían que ser pagados por los beneficiarios y uno de los conceptos del aseguramiento es evitar el empobrecimiento o la quiebra financiera de las personas en pos de la atención de la enfermedad.

Así que las diferentes provincias y sus obras sociales hemos ejecutado distintas políticas, pero, sin lugar a dudas, esto ha sido un golpe duro. Igualmente, no debemos perder de vista que somos los responsables de atender la salud de nuestra población. En algún momento, quizás, habrá un recupero de costos; porque no hemos tenido ningún financiamiento extra por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Hubo una fantasía sobre eso, pero de hecho en la Ley no dice nada sobre el tema. No tenemos por qué tener algún tipo de aporte.