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La judicialización de la salud fue el tema central de la última reunión del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que preside el salteño Gabriel Chagra Dib, a su vez titular del Instituto Provincial de Salud (IPS). Fue la semana pasada en San Juan, donde confluyeron representantes de 16 obras sociales. La cuestión de la relación con la Justicia «no es un tema nuevo, lo venimos tratando desde hace mucho tiempo en el Consejo y lo llamamos «enfermedad judicial», dijo el funcionario en una conversación con El Tribuno.

– Entre los temas abordados en San Juan se destaca la judicialización de la salud. ¿Qué análisis hicieron de la situación?

Nosotros respetamos los derechos individuales, pero nos preocupa el derecho solidario de la salud, que es el sistema solidario y eje principal del mantenimiento de la obra social. Cuando se da un amparo se prioriza el derecho individual y a nosotros nos preocupa que ese derecho afecte el derecho de todos los otros afiliados, sin que los presupuestos de las obras sociales se vean afectados.

– ¿Entiende que hay un abuso en esto de los amparos?

Lo que yo entiendo es que se deben buscar los canales para que haya información desde y hacia las obras sociales. Nuestra preocupación es que el sistema solidario se pueda sustentar. Las causas de los amparos son disímiles en las distintas provincias y por distintas razones, pero generalmente se dan cuando la obra social no brinda la prestación porque no está en el nomenclador, o porque difieren los valores entre la provincia y la Nación, o porque nosotros tenemos un centro de atención y el afiliado quiere otra derivación. También hay nomencladores de medicamentos biológicos que aún no se reconocen. Creemos, en definitiva, que cuando se judicializa demasiado la salud se corre el riesgo de que se afecte el sistema solidario.

– ¿Tiene previsto reunirse con funcionarios judiciales salteños?

Creemos que debe haber una solución entre las obras sociales y quienes deciden. Por eso planteamos reuniones con fiscales y jueces, además de proponer ateneos para poder explicarles la problemática de fondo. Muchas veces se dice que no a un afiliado en busca del equilibrio del sistema solidario. En el Consejo también se planteó que la incorporación de nuevos servicios debe venir acompañada de los presupuestos acotados para eso. Por ejemplo, el caso de los medicamentos biológicos es un tema de preocupación para las obras sociales y para el mundo, porque los costos son cada vez mayores. Tenemos que sentarnos con el Instituto Nacional del Cáncer para protocolizar esto. Hay mucho para hacer, es cierto, pero la revisión tiene que venir de los dos lados. Hay fallos que también la Justicia debería revisar. Ya he hablado con algunos jueces y con ministros de la Corte, porque esto no es unos contra otros. Se trata de buscar el sostenimiento del sistema solidario de salud. Es un sistema único, es distinto al sistema público y al de la medicina prepaga.

– ¿La situación es similar en el país?

Claro, este no es un problema de la provincia de Salta. Es un tema que tenemos que tratar en la Cosspra a nivel transversal. Nosotros, en Salta, creamos la oficina de mediación judicial, con el Ministerio de Justicia, que es lo que permite el acercamiento, y hemos evitado muchísimos amparos. Porque se conocen los amparos que salen, pero no los que evitamos.

– La puesta en riesgo del sistema solidario que plantea, ¿es una advertencia?

Mire, el riesgo del sistema solidario es el riesgo de desequilibrio financiero. Y si seguimos en la política de incorporar nuevos medicamentos, nuevas tecnologías de alto costo, todo con el mismo financiamiento, se puede perder ese equilibrio. Entonces, entre todas las obras sociales que tienen el mismo problema tenemos que conservarlo.

– ¿Hay alguna novedad sobre el programa de enfermedades no transmisibles?

Desde Salta llevamos a la Cosspra los programas preventivos que también alcanzan a Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. Hace más de 10 años que venimos trabajando y es ejemplo para imitar por otras provincias. Son CardioNoa, RumoNoa, DiabesNoa y MaterNoa. La idea es que se incorporen en forma transversal a las obras sociales provinciales de todo el país.

– ¿En qué estado está la iniciativa del turismo social?

Es otro tema muy importante que incorporamos a la agenda. Es un nuevo servicio que brinda el IPS. Se abrió una agencia de Turismo Social, con autonomía dentro de la obra social, sin fines de lucro, para que los afiliados tengan un servicio, como tienen las obras sociales, con descuentos en hoteles y paquetes turísticos accesibles.

 

La Corte de Justicia de Salta recibió al IPS para dialogar sobre la judicialización de la salud

El presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano y el vicepresidente segundo, Fabián Vittar recibieron en la Sala de Reuniones de la Corte al Coordinador Ejecutivo del Instituto Provincial de la Salud de Salta, Cr. Bruno Celeste y la Coordinadora Legal y Técnica, Dra. Florencia Pedano, para analizar temas relacionados a la judicialización de causas vinculadas a prestaciones de salud.

“En Salta, Fertilización Asistida, Discapacidad y Oncología son los principales temas de salud que son llevados a la justicia. En esta oportunidad explicamos y expusimos los argumentos que está adoptando la obra social al momento de brindar las coberturas”, informó la Dra. Pedano.

La judicialización de causas vinculadas a la salud es uno de los temas centrales que analiza el COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina) que preside el Dr. Gabriel Chagra Dib.

Consultada respecto a la judicialización en el caso de Fertilización Asistida, la Dra Pedano expreso que “las principales causas de amparo radican en la cantidad de intentos en los tratamientos de alta complejidad y en el porcentaje de cobertura, mientras que en las prestaciones de Discapacidad, el reclamo más frecuente se vincula a los valores que facturan algunos prestadores, ya que no obstante existir una ley nacional la provincia de Salta adhirió a la misma pero facultando al IPS a dictar su propio nomenclador y a fijar los valores de dichas prestaciones. A pesar de ello existen prestadores que teniendo convenios con la Obra Social se apartan de los valores pactados cobrándole valores excesivos a los afiliados, ante lo cual la Obra Social les aplica las sanciones correspondientes que pueden llegar a la expulsión del padrón”, indicó la Coordinadora Legal y Técnica.

El encuentro fue una oportunidad especial para que la Obra Social y la Corte de Justicia intercambiaran opiniones respecto a temas de interés general “Lo importante para destacar es la apertura de los miembros de la Corte quienes nos dieron la posibilidad de exponer  los argumentos de la Obra Social respecto a diversos temas. Nuestra idea es tratar de aportar elementos que puedan ser de utilidad a la hora de dictar una sentencia. Pudimos expresar cual es la postura de la obra social y  estamos dispuestos a seguir trabajando en conjunto para brindar cada vez un mejor servicio a los afiliados. Esta reunión fue muy positiva y han quedado abiertas las puertas para futuras reuniones”, finalizó el Coordinador Ejecutivo del Instituto Provincial de la Salud de Salta, Bruno Celeste.

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